La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), como otras entidades del Estado, está en la mira por movidas burocráticas. Allí, según denuncias periodísticas, habría una “feria de contratos” en la que estaría involucrada una funcionaria cercana al Partido de la U, colectividad que ha apoyado con votos las reformas a la salud y pensional del Gobierno.
Según W Radio, la contratación en esa entidad se incrementó en comparación al año pasado y se contrataron ocho empleados misionales que asesoran al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.
El informe habla de la llegada de 217 trabajadores más a la entidad, teniendo en cuenta que en mayo de 2022 había 639 empleados y en mayo de este año ya hay 856. Así como un ingreso de 130 empleados misionales en abril en las sucursales regionales vinculados a la Vicepresidencia Comercial.
EL COLOMBIANO revisó de manera los contratos que Colpensiones ha celebrado desde que Dussán llegó y encontró que se han celebrado cinco por prestación de servicios por $60.894 millones. Tres de estos son para comprar servicios de aseo, cafetería y servicios especiales por $7.143 millones; otro para adquirir tiquetes de alojamiento para los integrantes de juntas, afiliados y pensionados por invalidez, por $2.354 millones.
Y el más reciente es el contrato 037 de 2023, que se firmó el pasado 4 de julio, por valor $51.369’379.376 y establece la vinculación de un “equipo mínimo” de nueve personas, de los cuales dos deben trabajar en las instalaciones de la entidad.
Pero también habla de suministrar a Colpensiones “trabajadores en misión, en el número, con las calidades y los requerimientos específicos exigidos” para atender la “demanda del servicio”, la “implementación de proyectos especiales” y “labores ocasionales” y remplazar personas en vacaciones, incapacidades y licencias de maternidad. Así como “trabajadores en Misión” en las ochos direcciones regionales de Colpensiones, con la aclaración de que el contratista deberá suministrar más empleados en los municipios donde se necesiten.
El contratista es Juan Pablo Cifuentes Alvira, quien ha celebrado dos contratos con Colpensiones en enero de 2022 por $45.381 millones y en marzo de 2021 por $32.331 millones.
Colpensiones explicó que esa contratación es un trámite normal. “En Colpensiones no existe masacre laboral. Para garantizar la continuidad del servicio, adelantamos la renovación de los contratos de los trabajadores(as) en misión para que ninguno quede por fuera de la empresa. Ellos no son asesores de la presidencia”, explicó la estatal a EL COLOMBIANO.
Y precisaron que son cerca de 880 colaboradores los que continúan trabajando en Colpensiones con la renovación del contrato a través de esa empresa misional.
Y en particular, el comunicado de Colpensiones, cita al presidente de la entidad Jaime Dussán explicando que él se encuentra “cuidando la niña de los ojos. El tema laboral va bien, se está reincorporando a todos los misionales por tema contractual. Están felices, son buenos funcionarios. Ninguno es asesor del despacho”.
El contratista es Juan Pablo Cifuentes Alvira, quien ha celebrado dos contratos con Colpensiones en enero de 2022 por $45.381 millones y en marzo de 2021 por $32.331 millones.
¿Quién es Jaime Dussán?
El presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones, Jaime Dussán Calderón, llegó a ese cargo en diciembre de 2022 nombrado por Gustavo Petro. Ambos tienen un pasado que los une en la militancia en la izquierda, pero también que los enemistó en 1998, cuando se iban a posesionar Dussán como senador y Petro como representante a la Cámara por Bogotá.
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En ese entonces, Petro le pidió al Consejo de Estado la pérdida de investidura de Dussán, acusándolo de gestionar irregularmente contratos para entregárselos a terceros siendo congresista electo y presidente de la Federación Nacional de Educadores (Fecode).
En 2018, Dussán intentó volver al Senado –en donde estuvo entre 1998 y 2010– con el aval del Polo Democrático. Sin embargo, se quemó con 7.505 votos y apoýó la campaña de Sergio Fajardo, con quien el hoy presidente de la República ha tenido rivalidad política.
De esa distancia política entre Petro y Dussán no queda sino el recuerdo de pocos.
De quemarse en el Congreso a Colpensiones
La vicepresidenta Paola Palmariny es cercana al Partido de la U, colectividad de la cual fue militante y con la que intentó llegar al Senado en 2014, pero se quemó con 2.214 votos.
Aún así, antes y después de esa aspiración, Palmariny tuvo una carrera de 24 años en el sector público, ocupando cargos en entidades como la Contraloría de Bogotá, el Instituto Nacional de Salud, la Universidad Distrital, el Concejo y la Secretaría de Seguridad de Bogotá.
Estuvo vinculada al Ministerio del Trabajo durante el gobierno de Iván Duque –cuando el ministro era el exsenador del Partido de la U, Ángel Custodio Cabrera– en los puestos de subdirectora técnica y secretaria general, al tiempo que fue presidenta de la junta directiva de Colpensiones tras ser designada como representante del Ministerio ante esa entidad.
En ese último cargo estuvo hasta el 31 de agosto de 2022 y en marzo de este año se reencauchó en el Gobierno de Gustavo Petro como vicepresidenta en Colpensiones, con un salario de $21.702.151, según el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
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