La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado comunicó que Colombia no deberá pagar los 4,8 billones de pesos pretendidos por Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy) luego de la intervención de Electricaribe, determinación por la que esa empresa instauró el proceso jurídico en 2017.
“Hoy el Tribunal Arbitral internacional decidió a favor de Colombia y desestimó en su totalidad las reclamaciones de Gas Natural. Gracias a esta decisión Colombia no tendrá que pagar ni un solo peso”, confirmó la entidad encargada de defender al país en este litigio, que según lo había señalado en ocasiones anteriores Camilo Gómez Alzate, su director, era el proceso internacional con mayor cuantía de por medio que involucraba al país.
La Agencia Nacional de Defensa estuvo acompañada por las firmas internacionales Sidley Austin LLP y Stanimir A. Alexandrov PLLC, la cuales –según la entidad estatal– desarrollaron una estrategia para defender todas las medidas del Estado colombiano que fueron cuestionadas por los demandantes.
Gómez Alzate resaltó el trabajo exitoso del equipo de abogados de la Agencia y de las firmas internacionales y, paralelamente, consideró este fallo como un triunfo para las condiciones que ofrece el país a los inversionistas y al dinero de los colombianos.
De otro lado, la Agencia Nacional de Defensa notificó estar convencida sobre el uso de mecanismos jurídicos alternativos de solución de controversias (conciliación) “que resuelvan con mayor prontitud los casos”.
Al respecto, el presidente Iván Duque comentó que “ese era uno de esos problemas que parecía no tener solución. Y en este Gobierno, logramos no solamente vender la empresa –bien vendida–, sino que con este equipo de la Agencia Nacional de Defensa, hoy ellos le dan ese trinfo la Nación”.
El contexto del caso
Gas Natural respondió con acciones jurídicas una vez que el Gobierno de Colombia decidió intervenir Electricaribe (operada por Gas Natural) en 2016. En ese momento, la decisión del Ejecutivo se fundamentó en los 15 años prestando el servicio a 2,5 millones de usuarios que siempre manifestaron inconformidad por la irregularidad en el fluido eléctrico.
Así mismo, en la resolución por medio de la que se argumentó la toma de posesión de la compañía, se citó el déficit en la caja para noviembre del 2016 (432.550.996.411), que según la Superintendencia de Servicios Públicos, equivalía al 55 % de los egresos proyectados para ese mes, una situación de números rojos que igual se extendería para los meses siguientes y hubiera puesto en riesgo el suministro energético.
Para ese momento, Gas Natural emitió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España en el que expuso que había “mostrado su total interés en cooperar y colaborar con las autoridades de la República de Colombia, tanto en el pasado como ahora de cara al futuro”.
“La empresa colombiana (Electricaribe) padece muy fuertes tensiones de tesorería consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes en gran parte con suministro obligatorio, que a finales del tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los estados financieros auditados, ascendían a un importe de 4.052.080 millones de pesos y está provisionado en aproximadamente un 83 %, así como adicionalmente a la existencia de un importante fraude en el consumo”, añadió el documento.
Actualmente el abastecimiento energético de la región está a cargo de Caribe Mar (operada por EPM que atiende a cerca de 1,51 millones de usuarios) y de Caribe Sol (operada por el Consorcio de Energia de la Costa que atiende a 1,21 millones de clientes). A esas compañías les fue cedida la operación por parte del Gobierno en octubre de 2020.
Por primera vez, la asignación de los prestadores del servicio se hizo a través de una subasta pública, durante la que ambos operadores se comprometieron a realizar inversiones que ascienden a 3,2 billones de pesos en el caso de Caribe Mar y 2,6 billones en el de Caribe Sol.
