La investigación por la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022 volvió a prender motores.
Desde junio pasado estaba paralizada por un conflicto de competencia que fue resuelto este viernes por el Consejo de Estado. El alto tribunal confirmó la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), para seguir adelante con la investigación.
En junio pasado, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se atribuyó el conocimiento de las acciones administrativas adelantadas por el CNE.
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A la autoridad nacional electoral llegó, a principio de año, una denuncia que advertía posibles irregularidades en los informes de ingresos y gastos de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico. Lo que dio paso a la investigación.
Sin embargo, cuando el proceso avanzaba en su etapa de discusión de la ponencia de formulación de cargos contra el jefe de Estado, la Comisión de Acusaciones pidió asumir el caso alegando ser el juez natural del presidente de la República.
“Solicitar al Consejo Nacional Electoral la remisión de las actuaciones de carácter investigativo adelantadas en contra del aforado constitucional Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República”, decía la comunicación enviada al CNE.
El pedido no prosperó. Para destrabar el asunto, el Consejo de Estado se basó en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, que dice: “El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas”, se lee en la decisión.
Advierte además la corporación que el CNE está en su plena competencia toda vez que “no integra el Gobierno Nacional, pues es una autoridad electoral de control y vigilancia, independiente y autónoma”.
El alcance de la decisión también indica que el Congreso de la República es competente “para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, de manera autónoma y según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política, en los términos del artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, cuando de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022- 2026 proceda la referida sanción”.
Es decir, que la Comisión de Acusaciones, mantiene sus competencias, lo cual no significa que el CNE no pueda investigar lo relacionado con la financiación, topes y testigos electorales.
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Ese triunvirato en la Cámara de Representantes, encargado de investigar las denuncias, está conformado por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico-petrista de antaño-, así como Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras. El tridente lo cierra Wilmer Carrillo (Partido de la U).
La posición del Consejo de Estado en el asunto no es nueva. En junio pasado ya se había referido en el mismo sentido cuando confirmó que “corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la investigación y posterior decisión de fondo frente a los hechos que constituyan una violación de topes de la campaña electoral”.
Con el conflicto dirimido, el CNE retomará este lunes, 26 de agosto, el análisis de las acciones administrativas en su Sala Plena.
“La decisión fue comunicada a esta Corporación el 23 de agosto de 2024. En ese orden. la Sala reanudará el estudio de las actuaciones administrativas en la próxima sesión de Sala Plena”, informó la autoridad nacional electoral en un breve comunicado.
¿Qué investiga el CNE?
Según la ponencia de 324 páginas en la que los magistrados, Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada, formulan cargos al presidente Petro y al entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, en las cuentas oficiales de la campaña se dejaron de reportar $6.011 millones, superando los topes establecidos por ley. “Existió una posible violación a los topes de financiación y otras irregularidades”, se lee en la ponencia.
Para formular la ponencia de apertura de investigación,-pendiente de votación-, los magistrados indagaron especialmente las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué, que transportó al presidente Gustavo Petro en campaña a varias regiones del país, junto con quienes en ese momento integraban su equipo y también eran candidatos al Congreso.
Llama la atención que la Sociedad Aérea de Ibagué terminó vinculada en un mega escándalo por una avioneta en Providencia donde fueron hallados 400 kilos de cocaína. Uno de los socios vinculados a SADI se fue a Estados Unidos a colaborar con agencias norteamericanas porque tenía en su contra cargos de narcotráfico. Hasta ahora se desconoce por qué la campaña escogió a esta empresa para los vuelos.
Además de eso, el órgano electoral investiga los aportes a SADI por 4.000 millones de pesos y de la Unión Sindical Obrera (USO) a la campaña por 600 millones, así como los 500 millones que Fecode aportó a Colombia Humana.
Es la primera vez que avanza a esta etapa un proceso de investigación contra un presidente de la República en el CNE. Y es que por la presunta financiación irregular de la campaña, hoy por hoy, siguen abiertas varias investigaciones, entre ellas, la que tiene en un proceso penal a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del mandatario.
