El magistrado es sobrino de uno de los copresidentes del partido, Rodrigo Romero, considerado hoy del ala antipetrista de la colectividad.
En el Consejo Nacional Electoral (CNE) persiste la tensión e incertidumbre por cuenta de la decisión que podrían adoptar este lunes, cuando se prevé que en sala plena sus magistrados decidan si abren o no una investigación a la campaña de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales en 2022.
La presión aumenta con cada declaración del mandatario, quien no pierde oportunidad para reclamar por un supuesto golpe de Estado en caso de una determinación adversa. Lo cierto, es que se trata de un proceso administrativo, lo que implica que el mandatario no podría ser apartado de su cargo, una facultad que –como ratificó el Consejo de Estado– sigue siendo competencia exclusiva del Congreso.
Por tratarse de un organismo con marcado origen político –en el que sus magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso–, en los corrillos políticos hay todo tipo de apuestas y vaticinios frente a la determinación que tome el CNE. Las apuestas están abiertas y desde cada orilla se lanzan conjeturas con dejo de augurio.
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De los nueve magistrados con voz y voto para participar en la decisión, al menos tres son considerados fijos de oposición, es decir, a favor de investigar a Petro. Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal) –nada menos que los ponentes del proceso–, así como el excongresista César Lorduy (Cambio Radical).
A ellos podrían sumarse Maritza Martínez –quien fue congresista de La U y hoy es la presidenta del tribunal–, y el magistrado Alfonso Campo, quien viene de las bases conservadoras.
En contraste, a favor del Gobierno y en contra de la formulación de cargos figuran Alba Velásquez y Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico).
Para abrirle una investigación formal al presidente se necesitan al menos seis votos. La oposición, hasta ahora, tendría cinco, y el oficialismo solo dos. De allí la importancia de dos jugadores de primer orden. Por un lado, el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal), cuya participación en el organismo sigue en veremos por cuenta de fallos judiciales en los que se cuestiona su cumplimiento de requisitos.
Por otro lado, figura el magistrado Cristian Ricardo Quiroz, y justo en él están centradas todas las miradas. Se trata de la cuota de la Alianza Verde en la Corporación, un abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga especializado en derecho procesal y derecho penal. Aunque se daba como fijo en las cuotas del Gobierno en contra de la investigación, hoy prima la incertidumbre.
¿La razón? Quiroz –quien desde 2014 fue asesor jurídico de los verdes en varios casos tanto ante el Consejo de Estado como el propio CNE–, es sobrino de uno de los copresidentes del partido, Rodrigo Romero.
Según fuentes consultadas al interior de la colectividad, Romero hace parte del ala antipetrista de los verdes, partido que, aunque hoy sigue declarado como de Gobierno, está dividido frente a sus apoyos al primer mandatario, al punto que hay dos bandos marcados que piden partir cobijas y transitar hacia la escisión.
“Romero es antipetro. Tiene influencia en su familiar y podría inclinar la balanza”, admitió un congresista de la colectividad. “Es cercano al expresidente del Senado, Iván Name, un consumado antipetrista”, dijo otro parlamentario.
En efecto, cuando Romero fue detenido en diciembre de 2023 por estar manejando en estado de embriaguez se determinó que la camioneta que conducía contaba con un permiso especial de circulación otorgado por Name.
Tanto Romero como el magistrado Quiroz son oriundos de Santander y si bien –según contaron a EL COLOMBIANO fuentes al interior los verdes–, no hay unanimidad frente qué tanta influencia tiene el dirigente en su sobrino, es un hecho que fueron los sectores críticos del Gobierno Petro quienes con mayor ahínco respaldaron su postura para llegar al organismo electoral.
De hecho, tras su elección en 2022, la senadora Angélica Lozano –hoy distante del Ejecutivo–, destacaba su experticia, llegando a decir que “me consta su integridad y bella calidad humana”.
El voto del magistrado Quiroz, quien hoy ostenta la Vicepresidencia del CNE, será determinante para lo que viene en el futuro del presidente Gustavo Petro en la Corporación. Un eventual respaldo a una formulación de cargos podría desbaratar las cuentas del Gobierno y abrirle paso a la investigación.
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