A las 11:30 de la mañana del lunes 16 de septiembre, inició la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral más observada en la historia reciente del país. Los magistrados fueron llegando uno a uno, con expectativa e incertidumbre sobre su seguridad debido a las decisiones que debían tomar. La sesión estaba citada para discutir y, eventualmente, votar la ponencia que pide formular cargos contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña electoral en el año 2022.
Una Sala desarrollada en un contexto de amenazas, acusaciones y desacreditaciones. Los magistrados no ocultaron su frustración por verse arrojados a una tormenta mediática tras las publicaciones y declaraciones del presidente Petro, quien los acusa de estar orquestando un golpe de Estado. La teoría del presidente es que un sector diverso del país estaría teniendo una incidencia en la decisión del CNE para destituirlo.
Así, en medio de tensiones, preocupación y máxima alerta, inició la diligencia, que resultó, por cierto, muy atropellada. Lo primero fue la sorpresiva aparición de Altus Baquero, magistrado electo de esa corporación, quien mantiene fuera del cargo por un fallo en su contra.
Solicitó estar presente en la Sala y validar su voto. Basó su petición en el fallo de la Corte Constitucional que ordenó su reintegro. Esta petición obligó a suspender la sesión mientras el secretario jurídico realizaba las verificaciones legales. Sin embargo, al cabo de varios minutos, Baquero tuvo que abandonar la Sala toda vez que la Corte Constitucional no ha hecho llegar la notificación del fallo a su favor.
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Superado el primer impasse, el reloj marcaba las 12:00 cuando una nueva interrupción alteró la agenda: un correo electrónico de última hora. En él, eran recusados todos los magistrados bajo el argumento de extralimitación de funciones. “Recusar a todos los magistrados porque abiertamente son enemigos del presidente, ya que pertenecen a partidos de oposición”, se leía en el mensaje, firmado por Manuel Silva, sin datos que verificaran su identidad.
El remitente pedía ser parte del proceso como ciudadano colombiano, por lo que exigía una copia de todo el expediente. En la comunicación no incluyó datos fundamentales como su número de cédula, teléfono, dirección o cualquier otro medio de contacto. La petición fue rechazada casi de inmediato con seis votos en contra y dos a favor.
Ya había pasado una hora desde el inicio de la sesión y los magistrados seguían sin abordar el tema central: la ponencia que podría desencadenar un terremoto político en el país y que, de hecho, ya sentó un precedente histórico. Es la primera vez en Colombia que un proceso avanza hasta la etapa de solicitud de formulación de cargos contra un mandatario.
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Una vez rechazada la recusación, los magistrados abordaron la discusión del pedido de suspensión elevado por el abogado Héctor Carvajal, defensor del presidente, quien alegaba que primero debía resolverse el recurso de nulidad que presentó contra la investigación.
Como sucedió con la solicitud anterior, esta también fue rechazada con seis votos en contra y dos a favor. Los seis votos fueron de los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Cristian Ricardo Quiroz y César Lorduy.
Es probable que, con ambas votaciones de la sesión del 16 de septiembre, los magistrados hayan dejado entrever la postura que adoptará la corporación cuando finalmente deban votar la ponencia que propone abrir una investigación formal al jefe de Estado.
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Pasadas tres horas de discusión, entre una y otra solicitud, los magistrados suspendieron la diligencia hasta el próximo lunes 30 de septiembre. La magistrada Alba Lucía Velázquez, cercana al Gobierno, solicitó que el expediente rotara por cada uno de los ocho magistrados en funciones.
Para que la investigación contra el presidente no precluya, los magistrados deberán decidir de fondo antes de mayo de 2025.
“Con los tiempos y las herramientas que tiene la defensa del presidente, es muy probable que el país conozca la verdad sobre la campaña después de 2026, cuando el presidente termine su mandato, si así lo desea Gustavo Petro”, afirmó el abogado Hollman Ibáñez, experto en derecho electoral.
Queda en el ambiente la zozobra por las amenazas a los magistrados y los descuidados y hasta peligrosos señalamientos del mandatario. Las familias de los magistrados han tenido que salir del país por intimidaciones, como denunció Álvaro Prada, ponente, junto con Benjamín Ortiz, de la polémica ponencia.
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