Con ocho votos contra uno, la Sala Plena cerró la investigación por supuesta campaña anticipada en contra de la campaña del hoy jefe de Estado.
Tal como estaba previsto, este martes la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la investigación que se adelantaba contra la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por inicio anticipado de campaña. Se trata de otro expediente diferente al caso por presunta violación de topes electorales.
Según la ponencia del magistrado Alfonso Campo, del Partido Conservador, supuestamente el hoy jefe de Estado y su equipo habrían arrancado actos proselitistas y de campaña en 2021, previo a los tiempos establecidos por la ley.
En particular, se reclamaba que el recordado evento de la tarima con forma de “P” en Barranquilla, en septiembre de 2021, contaba como un acto electoral. Sin embargo, la tesis del magistrado no tuvo mayorías y finalmente, la votación quedó ocho contra uno.
Conocida la determinación, el propio presidente reaccionó y, a través de su cuenta en X (antes Twitter), aseguró que “era obvio” que se trata de un acto realizado seis meses antes del inicio de campaña. “Se trata no de un gasto de campaña, de un acto de campaña, sino de una reunión política, que es un derecho fundamental en la Constitución”, dijo.
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En esa línea, una vez más arremetió contra los medios de comunicación y atribuyó a la “mala prensa” que se volviera ese acto antes de campaña “un hecho bochornoso” para “transformar un derecho en un acto pecaminoso para dañar la imagen del presidente y destruir de paso a personas inocentes”.
Según el jefe de Estado, bajo esos mismos preceptos supuestamente está fundamentada la ponencia que cursa en el CNE por presunta violación de topes electorales. “(Están) acusando a nuestra campaña de hechos falsos: sumando gastos de hechos por fuera de la campaña, trastocando permisos de vuelo por horas de vuelo que es muy diferente, transformando aportes de sindicatos a partidos como si fueran a campañas, sumando facturas de dos fases diferentes legalmente de la campaña para hacer sobrepasar los topes en una fase”.
Se prevé que la próxima semana se retome al fin el debate y votación contra la campaña Petro por presunta violación de topes. Ya se reintegró el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal), así como Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico), quienes ya estudiaron el proyecto de ponencia. Además, ya el expediente rotó por el despacho de cada uno de los magistrados y, en teoría, ya no habría más largas para el análisis del caso.
Sin embargo, en el CNE persiste la tensión e incertidumbre por cuenta de la decisión que podrían adoptar los magistrados frente a si abren o no una investigación a la campaña de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales por más de $5.355 millones.
La presión aumenta con cada declaración del mandatario, quien no pierde oportunidad para reclamar por un supuesto golpe de Estado en caso de una determinación adversa. Lo cierto, es que se trata de un proceso administrativo, lo que implica que el mandatario no podría ser apartado de su cargo, una facultad que –como ratificó el Consejo de Estado– sigue siendo competencia exclusiva del Congreso.
Por tratarse de un organismo con marcado origen político –en el que sus magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso–, en los corrillos políticos hay todo tipo de apuestas y vaticinios frente a la determinación que tome el CNE. Las apuestas están abiertas y desde cada orilla se lanzan conjeturas con dejo de augurio.
De los nueve magistrados con voz y voto para participar en la decisión, al menos tres son considerados fijos de oposición, es decir, a favor de investigar a Petro. Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal) –nada menos que los ponentes del proceso–, así como el excongresista César Lorduy (Cambio Radical), quien hoy preside el organismo.
A ellos podrían sumarse Maritza Martínez –quien fue congresista de La U–, y el magistrado Alfonso Campo, quien viene de las bases conservadoras. Además, aunque sigue un misterio cómo votará, podría sumarse el magistrado Baquero, del Partido Liberal.
En contraste, a favor del Gobierno y en contra de la formulación de cargos figuran Alba Velásquez y Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico). Por otro lado, figura el magistrado Cristian Ricardo Quiroz, y justo en él están centradas todas las miradas. Aunque se daba como fijo en las cuotas del Gobierno en contra de la investigación, hoy prima la incertidumbre.
¿La razón? Quiroz –quien desde 2014 fue asesor jurídico de los verdes en varios casos tanto ante el Consejo de Estado como el propio CNE–, es sobrino de uno de los copresidentes del partido, Rodrigo Romero.
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Según fuentes consultadas al interior de la colectividad, Romero hace parte del ala antipetrista de los verdes, partido que, aunque hoy sigue declarado como de Gobierno, está dividido frente a sus apoyos al primer mandatario, al punto que hay dos bandos marcados que piden partir cobijas y transitar hacia la escisión.
“Romero es antipetro. Tiene influencia en su familiar y podría inclinar la balanza”, admitió un congresista de la colectividad. “Es cercano al expresidente del Senado, Iván Name, un consumado antipetrista”, dijo otro parlamentario.
