Varias zonas principales del Centro Histórico de Cartagena despertaron en el nuevo año repletas de vallas metálicas que restringen el tránsito de la gente, sobre todo en los alrededores de la tradicional Torre del Reloj. La intervención, que hace parte de las medidas incluidas en el Decreto 003 de 2024 firmado por el alcalde Dumek Turbay, hizo recordar a otras similares que se han aplicado en algunas ciudades con resultados poco eficientes, como en la Plaza Botero o el Parque Lleras en Medellín durante la administración pasada.
La restricción en la zona amurallada de Cartagena hace parte de lo que Turbay denominó el Plan Titán 24, que busca “devolver la seguridad y preservar la integridad de la ciudad y su emblemático Centro Histórico”.
Los anuncios y restricciones han generado diferentes reacciones en residentes del sector histórico de Cartagena, académicos y líderes culturales de la capital de Bolívar.
Una situación similar la vivieron los habitantes de Medellín en febrero del año pasado cuando el entonces alcalde Daniel Quintero ordenó restringir la circulación en la Plaza Botero, también con el argumento de recuperar el lugar y disminuir los delitos en la zona. Estrategia que ya había intentado aplicar, sin éxito, en el año 2021, cuando ni la criminalidad disminuyó ni el espacio público se renovó y hasta las mismas estructuras que montó la Alcaldía terminaron completamente desvalijadas.
Joel Samper, docente e investigador de temas urbanos en Cartagena, considera que la medida de Turbay es un tanto absurda, enteramente estética y con un impacto negativo sobre la realidad cartagenera, porque antes que atacar el problema real pareciera que solo busca mandar un mensaje mediático. “Cerrar el Centro no soluciona las causas reales del microtráfico, la inseguridad y prostitución, que van de la mano”, dice.
Para el investigador, la medida da a entender que el alcalde Turbay no está dispuesto a revisar el concepto “extractivista del turismo”, en donde hay un exceso de oferta que solo piensa en subir el número de pasajeros que entran por el aeropuerto.
“Esta administración vuelve a poner el peso de la responsabilidad sobre el cartagenero de a pie, que se tendrá que sentir otra vez discriminado al no poder entrar al Centro, porque esta narrativa pondrá la sospecha sobre la base de la sociedad. Es un viejo discurso colonialista que plantea que el uso del espacio público solo es un derecho de las élites. Por ejemplo, sí se puede usar el Centro para matrimonios lujosos”, explica Samper.
Orlando Deavila Pertuz, también investigador y doctor en Historia Latinoamericana, dice que a pesar de que no se puede negar que Cartagena se ha convertido en un destino de turismo sexual, lo que hace que proliferen establecimientos que la promueven y afectan a quienes la habitan y el valor patrimonial, la solución no pueden ser solo medidas de orden que limitan el acceso del ciudadano al espacio.
Para el académico si no se corrige el problema de base lo que pasará es que el turismo sexual se va a trasladar a otro sector, como ocurrió en 1973 con la zona de tolerancia de Tesca, que terminó acomodándose en el barrio Getsemaní. La explicación es que el turismo sexual no surge solo por la demanda de los turistas, sino por una serie de condiciones sociales y económicas que empujan a las personas a participar de esa estructura.
“Se hace necesario pensar en una solución que piense en varios frentes, trabajar en la manera como la ciudad es representada a nivel internacional y como cosifican el cuerpo de las mujeres cartageneras”, detalla Deavila.
Laura Cabarcas, habitante del Centro de Cartagena, señala que las autoridades se deberían enfocar en atacar los focos de delitos “que todo el mundo sabe dónde están”, como los bares donde venden drogas y los sitios usados para las redes de explotación sexual infantil. “El Centro tiene muchos temas pendientes y las personas honradas que lo habitamos terminamos pagando los platos rotos con estas medidas”, añade.
