Los tres supuestos cerebros del escándalo entre Centros Poblados y MinTIC: Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, acaban de ser llamados a juicio por fraude procesal y falsedad en documento privado, un escándalo en el que aún siguen perdidos los $70.000 millones del anticipo de un contrato por $1.07 billones.
EL COLOMBIANO accedió al escrito de acusación en el que se detalla que los hoy capturados habrían diseñado la ruta para incurrir en dichos delitos y así quedarse con el contrato que pretendía llevar Internet a 16 departamentos.
Así lo establece el documento de 44 páginas en el que incluso se afirma que Tapia, Laverde y Duque se pusieron de acuerdo para presentar garantías falsas, requisitos indispensables para ganar el proceso de contratación que, tras el escándalo, pasó a manos de ETB y Skynet hace dos meses.
Además, se les acusó de haber inducido al error a varios funcionarios del Ministerio que por ese entonces dirigía Karen Abudinen.
Otras caras
En los nombres llamados a juicio esta semana no hay mayores sorpresas, pero sí en las actuaciones de ellos que fueron descritas por la Fiscalía. Estas sirvieron para despejar la supuesta participación de Jorge Enrique López y Juan Carlos Cáceres, otros de los vinculados al caso en el que también está Ottomar Lascarro, quien llegó a planear junto a Tapia vivir en una lujosa casa de Llanogrande.
De Lascarro se sabe que está en libertad por este caso, que es amigo cercano de Tapia y que es contratista en la Costa Caribe. A una cuenta suya habrían girado plata de esos $70.000 millones que aún no aparecen. Es por eso que en los próximos días se le imputarán cargos por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Las acusaciones
Para la audiencia de acusación en contra de los tres llamados a juicio aún no hay fecha por parte del juzgado designado. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que ese día la Fiscalía llevará varias pruebas que menciona en su escrito.
En él, separó el presunto actuar ilegal de los señalados en los dos delitos acusados y en las garantías falsas presentadas. Por ejemplo, en el delito de falsedad en documento privado afirma que fue Tapia quien orquestó el entramado al que poco a poco ingresaron sus socios. De hecho, se señala a Laverde como la persona que contactó a Jorge Alfredo Molina para expedir una garantía falsa, elaborada supuestamente por Jorge Enrique López a cambio de dinero.
Una vez Laverde la recibió –siguiendo la versión de la Fiscalía–, este se la envió a Duque, quien la radicó ante MinTIC; mientras que Alfredo Amín la subió al SECOP II. Esa misma fórmula la habrían usado para tramitar otra garantía.
Por otro lado, en el fraude procesal que habrían cometido (delito que da hasta ocho años de cárcel), según el documento, “todos tenían el pleno conocimiento que con la garantía de seriedad falsa, estaban induciendo en error a las funcionarias Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión contractual y evaluadora jurídica del MinTIC, y Adriana Meza, la secretaria general”.
Dicha práctica que llevó al error también la habrían contra Camilo Santofimio, supervisor del contrato a quien la Procuraduría le abrió un proceso por responsabilidad disciplinaria.
En total, en solo garantías de cumplimiento falsas se estableció un valor de $145.867.688, cifra con la que la Fiscalía llegará a la audiencia de acusación para esta etapa del escándalo.
Van por más
Así como Lascarro, los otros procesados –Cáceres, Tapia, Laverde y Duque– serán imputados por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, delitos correspondientes al destino del anticipo, pues el reciente llamado a juicio es por presunta contratación irregular.
A la par de las respectivas audiencias de imputación y acusación, las autoridades esperan recuperar la suma extraviada a como dé lugar, la cual va en $74.000 millones por intereses.
