Pertenecen al Frente 33 de las disidencias y deponen sus armas ante los combates con el ELN. Gobierno reclamaría la desmovilización como “éxito” de la paz total.
Marlon Franco Albernia, alias JJ Guaracas, estuvo 15 años en los grupos armados ilegales. Logró convertirse en uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc en el Catatumbo y en la mañana del 27 de enero se entregó a las autoridades: la guerrilla del ELN le pisaba los talones.
Lo hizo ante las unidades militares en compañía de otros cuatro miembros de las disidencias. Estaba en la vereda Las Mercedes, del municipio de Sardinata (Norte de Santander).
Su rendición ocurrió para obtener protección del Estado después de enterarse de que era uno de los objetivos principales en los azarosos combates que libraba con el ELN en Catatumbo.
El pasado 5 de febrero fue presentado ante un juez de control de garantías que le imputó los cargos de concierto para delinquir agravado. Los aceptó.
El material de prueba de la Fiscalía indica que tenía bajo su mando 30 hombres armados que se encargaban de cometer homicidios selectivos, extorsiones e imponían vacunas a los narcotraficantes para permitirles cultivar y procesar la coca en las zonas rurales de los municipios de Tibú y Sardinata.
“JJ Guaracas” es uno de los 112 hombres del Frente 33 de las Farc que ha optado por la desmovilización ante el recrudecimiento de los combates en el Catatumbo.
“En su arrinconamiento decidieron, con sus armas y sus fusiles, escoger al gobierno del cambio y se entregaron en la base militar. Yo voy a posibilitar que tengan un mejor vivir”, señaló el presidente Gustavo Petro en lo que fue una invitación a la desmovilización masiva desde el Consejo de Ministros que realizó en Ocaña.
En el decreto general de conmoción interior para el Catatumbo, el Gobierno reconoció que desde 2021 –con el descenso en los precios de la hoja de coca– hubo una suerte de tregua entre las organizaciones armadas para repartirse el negocio y permitir la entrada de compradores a los territorios. Pero advirtió que desde finales del 2024 los precios en el mercado ilícito empezaron a recuperarse y el pacto se terminó: los armados saben que hay oportunidad de crecimiento y de acaparar más ganancias.
Fue por eso que el ELN decidió arremeter contra los disidentes y, en esa guerra, el Frente 33 parece que va perdiendo.
“Esta es la más grande desmovilización, desde que se firmó el proceso de paz de 2016, que hemos visto. Yo invito a todo el Frente 33 a dar el mismo paso”, añadió Petro.
Entre los 112 desmovilizados, indicó el Gobierno, hay 20 menores de edad. Desde los helicópteros de la Fuerza Pública han lanzado volantes en las zonas de confrontación para invitar a los ilegales a deponer sus armas.
El Ejército reconoció que, con estas entregas masivas, se afectó “considerablemente” el accionar delictivo de los disidentes en el Catatumbo y con ello, la disminución de las confrontaciones.
Estas desmovilizaciones, además, son una oportunidad para que el Gobierno demuestre resultados en su política de paz total.
“Es muy probable que la confrontación en Catatumbo lleve a una negociación rápida con la gente que queda del Frente 33. Muchos de ellos ya se han entregado. Esa puede ser una negociación que se acelere a cambio de protección del Estado y de implementar sus proyectos productivos”, señaló Jorge Mantilla, consultor en temas de seguridad, crimen y conflicto en diálogo con EL COLOMBIANO.
De hecho, alias Jhon Mechas –cabecilla de las disidencias en Catatumbo– ya envió una carta al Gobierno en la que manifestó su intención de encontrar una salida dialogada a la crisis de orden público.
“Presidente, busquemos un camino para superar esta tragedia, que cesen los cañones, que las familias desplazadas puedan regresar al territorio y que el duelo se desarrolle sin miedo a que prosiga la violencia”, señaló el cabecilla disidente.
El último reporte del Puesto de Mando Unificado para el Catatumbo señaló que las hostilidades en esa región ya ocasionaron el desplazamiento forzado de 54.098 personas y el confinamiento de 32.448 más. Se han reportado 54 muertes y 8 firmantes de paz están desaparecidos. Mechas ya propuso una agenda para darle salida a un eventual sometimiento.
“Ojalá el país conozca la verdad del fenómeno del narcotráfico en el Catatumbo. Las transformaciones territoriales, sobre lo que tenemos avances importantes en la negociación, precisamente apuntan a generar economías alternativas que resuelvan el problema de las economías ilícitas”, puntualizó.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, advirtió que la entrega masiva de los disidentes puede derivar en una escalada de vulneraciones al los Derechos Humanos donde los desmovilizados terminen siendo instrumentalizados por la fuerzas oficiales.
“¿Qué papel van a jugar esos actores?, acá lo que hemos dicho es que si no somos vigilantes puede ocurrir otra operación Orión, ya no con paramilitares, sino con guerrilleros que están en manos de la brigada 30 del Ejército”, señaló Cañizales en diálogo con RCN Radio.
Al interior del Ministerio de Defensa existe el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD). Allí aterrizan todos los actores armados que, de manera voluntaria, expresan sus intenciones de desvincularse del conflicto armado.
Una vez se dejan las armas, el desmovilizado entra a una ruta de certificación donde su condición es evaluada por el Ministerio del Interior y de Defensa, la Agencia de Reincorporación y Normalización, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –en caso de menores–, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
“Desde el momento mismo en que la persona manifiesta su voluntad de desmovilizarse y decide hacer presentación voluntaria ante una autoridad. Los beneficios dependerán del cumplimiento de los requisitos dentro de cada etapa en que se encuentre la persona”, precisó el Ministerio de Defensa.
Los reincorporados pueden recibir beneficios de acceso a educación y formación para el trabajo, apoyo psicosocial, ayuda para impulsar proyectos productivos, ingreso a la seguridad social, medidas de protección y seguridad, además de cursos de formación en desminado humanitario y sustitución de cultivos ilícitos.
El Grupo también contempla incentivos económicos en la medida en que el desmovilizado proporcione información que permita desvincular menores del conflicto, entregue material de guerra y suministre datos que puedan ser de utilidad para esa cartera.
