Sigue la puja entre las partes involucradas en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos. La defensa insiste en que no tiene garantías para una defensa efectiva; por eso acudió al Tribunal Superior de Bogotá para pedir medidas cautelares tendientes a respaldar el debido proceso.
Desde esa corporación se pronunciaron este jueves, rechazando de plano la medida cautelar solicitada. El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, buscaba que se suspendieran provisionalmente las audiencias preparatorias.
Contexto: Caso Uribe: defensa del expresidente radica tutela alegando falta de garantías
Granados basó su solicitud en la negativa de la jueza 44 de Conocimiento a conceder una prórroga de siete días para revisar las pruebas forenses extraídas de dispositivos electrónicos decomisados a Juan Guillermo Monsalve, el denominado testigo estrella de la Fiscalía.
El defensor alegó la violación de las garantías fundamentales de su cliente y expuso en la tutela que “esta transgresión judicial privó a mi representado de la oportunidad de realizar en debida forma un descubrimiento probatorio completo y adecuado”.
A pesar de ello, la jueza consideró que el descubrimiento de pruebas ya se había llevado a cabo, sugiriendo que la nueva solicitud podría interpretarse como una maniobra dilatoria.
Con la decisión del Tribunal de rechazar la suspensión, el cronograma de audiencias seguirá como estaba previsto para la próxima semana, exactamente el 8 de octubre.
Los choques entre la defensa y el juzgado no son nuevos. Desde que el proceso inició, la jueza Martha Liliana Heredia dejó claro que no permitirá que el caso prescriba.
“Para fortuna o desgracia de algunos, a este despacho le correspondió este proceso, por lo tanto no debe sorprender la celeridad que se le ha imprimido”, dijo la jueza en una audiencia.
Además, sostuvo que “con gran orgullo” ratificaba que su despacho “es el más descongestionado de Bogotá. No tengo otro interés que cumplir mis funciones. Estamos ante una próxima prescripción de las acciones penales. Es mi interés realizar este proceso de manera rápida, sin violar derechos fundamentales”, puntualizó la jueza Heredia.
En la última diligencia, los ánimos escalaron al punto de que el expresidente decidió retirarse al sentirse en un escenario sin oportunidades de defensa. “Me condenaron sin pruebas, señora jueza, ya me condenaron”, dijo.
A Uribe, la Fiscalía lo acusó en mayo pasado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso iniciado en 2018 con el senador Iván Cepeda.
