César Lorduy, presidente de la corporación, habló con EL COLOMBIANO sobre los ataques del primer mandatario y lo que viene en el proceso.
En momentos en los que persiste la crispación política por cuenta de la determinación adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que decidió abrir investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electores, su presidente, el magistrado César Lorduy pide respeto e insiste en que el proceso es administrativo, por lo que una decisión adversa para el jefe de Estado se traduciría solo en una multa.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el magistrado –considerado cercano al opositor Cambio Radical– responde a la andanada del mandatario contra la determinación y sus denuncias de un supuesto golpe de Estado. Explica en detalle cuáles serían las sanciones, el tiempo que durará la investigación y si el proceso escalaría hasta la Comisión de Acusación de la Cámara, que sí tiene potestad para sancionar disciplinaria y penalmente al presidente al someterlo a juicio político.
El presidente Gustavo Petro ha arreciado en sus críticas contra el CNE y ha lanzado todo tipo de descalificativos, incluso personales, contra los magistrados. Desde el corazón de la corporación, ¿cómo reciben esta andanada?
Tenemos la tranquilidad que nos da el hecho de estar plenamente convencidos de que estamos cumpliendo con la Constitución y con la ley. Un golpe de Estado solo se puede pensar siquiera cuando se actúa por fuera de ese marco. Pero cuando la Constitución, la ley y la sentencias del Consejo de Estado nos amparan, pues tenemos un alto nivel de tranquilidad. Esperemos que la ciudadanía también la tenga y le transmito la seguridad que tienen los magistrados del CNE, por lo menos los siete que votaron a favor de la ponencia.
La determinación adoptada únicamente tiene alcances administrativos, no disciplinarios ni penales. ¿Por qué cree que Petro habla de golpe de Estado?
Esta es una decisión que se toma después de muchos meses de indagación previa por parte de los magistrados ponentes, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes se dedicaron de tiempo completo a investigar todos y cada uno de los gastos reportados por la misma campaña. El análisis de esos gastos llevó a una conclusión distinta de lo que la campaña presenta. Esa conclusión nos dice que hubo gastos en los que se incurrieron, pero también otros gastos que no se reportaron.
Por ello, se formulan unos cargos sobre hechos que son presuntos y serán objeto de debate en la investigación que se abrió. Hasta ahora nadie ha sido sancionado, ni condenado. Todas las personas son inocentes hasta que la investigación demuestre lo contrario.
En caso de que la investigación concluya que hubo irregularidades, ¿cuál sería la sanción?
La ley establece que cuando se trata de campañas electorales, los responsables son el candidato, el gerente, el tesorero y los auditores. Contra las personas que ocuparon esos cargos se establecen las sanciones de carácter económico. Otro tipo de sanciones no son competencia del CNE.
Está muy lejos el CNE de solicitar o tramitar, por ejemplo, la destitución del presidente de la República o la posible inhabilidad para que sea apartado del cargo. Eso no es de nuestra competencia, sino del Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones.
¿Esas sanciones económicas de qué monto serían?
Hay diferentes formas de ser calculadas. Una de ellas es dependiendo del número de recursos que se les haya devuelto o a título de reposición a la campaña presidencial. Otros pueden ser calculados con base en lo que se dejó de reportar y otro criterio puede ser que, partiendo de la sanción mínima que establece la ley, se pueda incrementar dependiendo del número de conductas que se hayan cometido. Teniendo en cuenta cualquiera de esos criterios, se impondrán las sesiones económicas.
En caso de que determinen que la campaña incurrió en irregularidades, ¿pueden remitir el caso a la Comisión de Acusación?
En el caso de que haya irregularidades debidamente comprobadas, y si el acto administrativo se encuentra en firme, se puede trasladar a la Comisión de Acusaciones y a la Fiscalía si hubiere lugar a ello. Eso sería en el caso de que se imponga sanciones. Si no hay sanciones no se compulsan copias.
¿Cuándo esperan concluir la investigación y adoptar decisiones?
Los plazos no los fijamos nosotros. Los plazos los fija la ley. El CNE dará cumplimiento irrestricto a esos términos en cumplimiento del principio del debido proceso. Esos términos nos dicen que entre contestar los pliegos de cargo, la apertura para que se presenten pruebas (se evalúen, se discutan, se corrijan o se aprueben otras situaciones probatorias), más los alegatos finales, podrían pasar 100 días.
Todo esto, dependiendo de si son personas naturales o jurídicas. Si son personas naturales, yo creería que serían unos 100 días más. Y si son personas jurídicas un poco más.
Lo importante es que el CNE sea diligente, como lo ha sido y lo deberá seguir siendo, para que las cosas puedan culminar de cualquier manera favorable o desfavorable, si están las pruebas correspondientes, antes de junio del 2025. Si para entonces no se ha tomado una decisión todas y cada una de esas conductas que hoy en día estamos investigando caducarán.
En su andanada, Petro dijo que usted fue “acusado de asesinar a una novia”. ¿Qué le responde?
El CNE y cada uno de sus magistrados, incluyéndome, tiene el mayor respeto por la institución de la Presidencia y por el presidente de la República. Esperamos que ese respeto sea correspondido.
