Han pasado dos años y cinco meses desde el magnicidio en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, y a la fecha los organismos de seguridad no han podido arrestar a las personas que lo ordenaron.
El crimen sucedió el 10 de mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, donde el jurista disfrutaba de su luna de miel con la esposa, cuando fue tiroteado por un sicario.
Este hecho regresó a la memoria tras el anuncio de que las fiscalías de Colombia y Paraguay crearán un equipo conjunto, con vigencia inicial y prorrogable de un año, para esclarecer la trama que condujo a la muerte de Pechi.
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De momento han sido capturados seis autores materiales (el sicario, dos transportistas, dos campaneros y su coordinador) y tres enlaces financieros, que movieron y entregaron $2.000 millones para perpetrar el ataque; no obstante, sigue siendo un misterio quiénes ordenaron la ejecución desde Paraguay.
Uno de los principales sospechosos es el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quien Pecci perseguía en sus días de fiscal antimafia. El extranjero de 33 años fue futbolista y productor musical, antes de dedicarse al narcotráfico y el lavado de activos transnacional, teniendo como base de operaciones la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, desde donde coordina la exportación de cocaína colombiana y boliviana a Europa y Estados Unidos.
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Las autoridades estuvieron cerca de atraparlo el 30 de julio de 2023 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde vivía con su familia en una mansión. La Policía allanó la propiedad, pero minutos antes Marset se había fugado con sus familiares y escoltas, secuestrando en el proceso a tres uniformados.
