Por haber recibido dinero por intervenir para frenar varios procesos que se seguían en la Corte Suprema de Justicia contra dos excongresistas, la Fiscalía general de la nación imputó nuevos cargos al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez como presunto responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer, en nuevos hechos relacionados dentro del caso del Cartel de la Toga, expediente por el que Ricaurte ya fue condenado en 2021 a 16 años de cárcel.
De acuerdo con el ente acusador, el exmagistrado recibió dinero entre 2015 y 2016, para intervenir en procesos que la alta corte adelantaba contra Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, entonces representantes a la Cámara por Putumayo y Chocó, respectivamente, quienes tenían como defensor al abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera.
El entramado inició luego de que Ricaurte, al parecer, contactó a través del abogado defensor, al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, quien estaba adscrito en ese momento al despacho de Gustavo Malo Fernández. “Acordaron que, a cambio de dádivas, impediría que se abriera instrucción, expidiera orden de captura o emitiera cualquier decisión en contra de los dos congresistas”, indicó el ente acusador.
Ricaurte, entonces, fijó sus “honorarios” y presuntamente, los reajustaba de acuerdo con la complejidad de los señalamientos y los elementos de prueba en contra de los dos aforados.
“La evidencia indica que parte del dinero pactado, al parecer, lo recibió del abogado Moreno y otra de manera directa”, agregó la Fiscalía.
Según estableció la Fiscalía, tras este “compromiso ilegal adquirido”, los tres procesos en contra de Córdoba y uno sobre Velásquez estuvieron en indagación preliminar durante dos años sin ningún avance. “Los congresistas, con previa autorización del exmagistrado, le entregaron dineros al magistrado auxiliar a través de su abogado defensor”, concluyó la Fiscalía.
