Carlos Ramón González no está en Colombia. Sus abogados le confirmaron a este diario que el poderoso exfuncionario del Gobierno que había acompañado al presidente Gustavo Petro como jefe del DAPRE y luego cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) salió por “motivos de descanso”.
Saber si tuvo un papel en el entramado de corrupción es clave porque González era el director del Departamento Administrativo de Presidencia cuando se dieron las supuestas entregas en octubre de 2023 al entonces presidente del Senado, Jorge Iván Name, por 3.000 millones de pesos, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, por 1.000 millones.
Esos sobornos, de acuerdo con las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, eran para alistar las elecciones regionales en donde tanto como Name y Calle tenían intereses por familiares que querían llegar a los cargos de poder y en efecto lo hicieron.
Como ha revelado EL COLOMBIANO, Sandra Ortiz, la entonces alta asesora para las regiones que le habría llevado el dinero en efectivo a Name a su apartamento en la 127 en Bogotá, está en la búsqueda de un principio de oportunidad con la Fiscalía y tendría mucho que contar sobre el papel de González al inicio del Gobierno. González y Ortiz pertenecían al ala tradicional del Partido Verde.
Una fuente cercana al proceso confirmó que González salió de viaje al tiempo que su esposa dejó un cargo directivo que tenía en el Sena. Sin embargo, el abogado de González aseguró que está de vacaciones y dijo que su cliente no está buscando asilo en Barcelona.
Además, González haría parte de las reuniones que tuvo Olmedo con otros ministros y altos funcionarios y en donde, según la declaración de ese último a la Corte Suprema, se daba línea sobre los recursos de la UNGRD que debían ser entregados a políticos para que se votaran los proyectos del Gobierno en el Congreso o para la logística de las elecciones.
Los chats de Manzur y Benavides
Este fin de semana El Espectador reveló los chats de las conversaciones entre María Alejandra Benavides y los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique, ambos integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso. En ellos queda claro que, tanto Manzur como Manrique, le enviaron a Benavides, entonces asesora del despacho del ministro Ricardo Bonilla, los contactos directos de quienes iban a ser los contratistas de proyectos que debía alistar la UNGRD hasta por 92.000 millones de pesos.
En el caso de Manzur, el contacto que le envió a Benavides fue el de Harry Bejarano en el municipio de Cotorra, Córdoba. Ese contrato era por un total de 50.000 millones de pesos para evitar el desbordamiento de una salida de agua. Lo contradictorio es que Manzur le había dicho a este diario que no tenía relación con Bejarano, ni con la pareja de este último que trabaja en la Gobernación de Erasmo Zuleta, pero en las conversaciones queda claro que sí y que en realidad fue el propio Manzur el que envió el teléfono del contratista, un ingeniero civil de la región.
La demora de la Fiscalía General
González no ha sido llamado formalmente a responder ante la Fiscalía, que ha sido demorada en los procesos de Bonilla y los otros altos funcionarios del Gobierno implicados en el caso. Hasta ahora la única que ha tenido consecuencias es justamente Ortiz, sobre quien ya inició la imputación de cargos y está recluida en un centro de las fuerzas militares.
