La Justicia Penal Militar capturó en la tarde de este martes a tres policías que estarían implicados en la fuga de alias Zeus y de 23 detenidos más en Cúcuta. Los uniformados salpicados abrían permitido la apertura de rejas y hasta el ingreso de paquetes hasta las celdas.
La fuga del exmilitar Carlos Rodríguez Agudelo alias Zeus ocurrió en la noche del pasado 21 de abril en la Estación de Policía Metropolitana de Cúcuta. Los detenidos idearon un plan en el que uno de ellos simuló estar enfermo de gravedad y, ante el descuido de la autoridad, los demás reos escaparon.
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“Según las primeras indagaciones, los suboficiales capturados habrían desconocido las órdenes impartidas para la prestación del servicio al abrir la reja de la celda de detención sin contar con el apoyo necesario, además de permitir previamente el ingreso de paquetes a la celda sin su verificación”, indicó la Justicia Penal Militar en un comunicado.
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Los uniformados capturados son el intendente jefe Rubén Darío Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Eduardo Cristancho Pereira y el patrullero Luis Antonio Chaustre Sierra.
Los policías ahora tendrán que responder por los delitos de abandono del puesto, prevaricato por omisión y favorecimiento de la fuga.
¿Quién es alias Zeus?
Rodríguez Agudelo fue retirado del Ejército en 2005, capturado en 2008 y condenado a 15 años de prisión por tortura, desaparición forzada y homicidio, producto de sus vínculos con el paramilitarismo, el cartel del Norte del Valle y Diego Montoya, “Don Diego”.
La Jurisdicción Especial le dio libertad condicional en 2021. Desde entonces ha participado en 10 sesiones en las que ha reconocido su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y en asesinatos de militantes de la Unión Patriótica.
El Grupo de Protección de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP aseguró en 2022 que encontró a Rodríguez portando un arma de fuego “que, según su dicho, era presuntamente de un amigo que la había olvidado”.
La JEP decidió entonces abrir un incidente de incumplimiento que archivó en marzo de 2023, “toda vez que no se logró comprobar que el compareciente haya incurrido en conducta alguna que pudiera configurar el delito de porte ilegal de armas”.
El exmilitar se encontraba preso a la espera de que las autoridades definieran su situación jurídica. Nueve días después de su arresto, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de verificación en su contra.
