Las azules aguas de los ríos y quebradas que atraviesan siete departamentos de Colombia dejaron de teñirse con una mancha oscura y aceitosa porque al Caño Limón-Coveñas ahora lo explotan de otras maneras. Las autoridades identificaron una nueva modalidad de ataque por parte de una red delictiva que instalaba válvulas ilegales en el oleoducto para sacar combustible, venderlo y financiar al ELN.
Este canal, que ha sido un botín de guerra y una de las arterias más importantes en el transporte de crudo de Colombia, en la última década ha tenido más de 1.500 ataques terroristas, la mayoría a manos de esa guerrilla. Pero, al parecer, los grupos criminales dejaron de explotarlo y ahora lo custodian porque es una fuente de ingreso lucrativo. Así quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía contra una red de hurto y tráfico de hidrocarburos que era liderada por alias “La Mona”, una importante financiadora del ELN.
En un reciente operativo cayeron otras dos redes que cooperaban con el componente empresarial y el aparato logístico del entramado criminal para lograr la extracción, refinamiento, transporte y finalmente la comercialización del combustible. Así mismo, se logró la captura de 14 personas y el impacto a 101 propiedades de la estructura avaluadas en 1,3 billones de pesos.
Así era la extracción del crudo
Las autoridades le venían siguiendo la pista a “La Mona” o “La Patrona” como también era conocida Albaneris Pérez Garavis, la encargada de financiar toda la actividad ilegal y proveer altas sumas de dinero a las estructuras del ELN con injerencia en varias regiones.
Así, la investigación nació cuando lograron evidenciar que se estaban apoderando de los hidrocarburos del oleoducto Caño Limón-Coveñas para luego transportarlo en camiones cisterna y posteriormente venderlo. Un negocio redondo.
La ruta estaba clara. Arrancaba desde el departamento de Arauca atravesando Santander y con punto final en Coveñas. En ese tramo, lograron instalar válvulas ilícitas por donde sacaban el crudo, específicamente en el departamento de Norte de Santander y en Tibú, zona donde tiene injerencia el ELN.
Tras identificar esa modalidad delictiva, la Fiscalía capturó a cinco personas, incluyendo a alias “La Mona”, quien era el contacto directo con la estructura narcoguerrillera. Los otros cuatro personajes solo eran conductores encargados de sacar el crudo en los camiones cisterna, los cuales transitaban con guías y manifiestos de carga falsos.
Todos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; y receptación. Pero a “La Mona” le imputarían otros cargos como financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia organizada. Mientras esperan sentencia, cumplen con una medida de aseguramiento en centro carcelario.
A ellos se les suman otras seis personas que manejaban todo el aparato logístico, a quienes se les atribuye la expedición de los documentos falsos, el almacenamiento y transporte. Este grupo habría intervenido las líneas de transferencia de los pozos de explotación y extracción del crudo. Luego, a través de vehículos cisterna, enviaban el combustible a centros de acopio en Ocaña (Norte de Santander), Aguachica (Cesar), Barrancabermeja (Santander) y Madrid (Cundinamarca). Posteriormente, con documentación falsificada, ingresaban a las empresas receptoras para realizar su distribución final, dependiendo del objeto social de cada compañía.
El componente empresarial
Pero todo no termina ahí. Resulta que el negocio de “La Mona” se extendió hasta empresarios que, bajo una fachada de legalidad, tenían vínculos estrechos con organizaciones criminales para recibir ese combustible robado de Caño Limón-Coveñas.
Según la investigación, varias empresas desde 2021 habrían utilizado personerías jurídicas, permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las cámaras de comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y la comercialización de hidrocarburos.
Eran un eslabón importante en la cadena delictiva, pues su tarea era darle apariencia legal a ese combustible robado, pero también procesarlo y ponerlo en las costas del Caribe para comercializarlo.
En la ofensiva, las autoridades lograron la captura de Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una compañía de petróleos, señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización. Otra de las implicadas es Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa que, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslados de los combustibles. Y finalmente, Catalina Quintero Rincón, quien sería la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos con el fin de realizar la transformación del crudo para su posterior comercialización.
