El polémico proceso de licitación de la elaboración de pasaportes en el país vuelve a dar de qué hablar. La tarde de este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, adoptó medidas sobre este proceso licitatorio, el 023 de 2023.
Como primera disposición, Murillo decidió reasignar la competencia administrativa sobre la licitación de pasaportes, los trámites presupuestales, jurídicos y en general, de todo el proceso a la Secretaría General del ministerio.
En segunda instancia, el canciller, encargado debido a la suspensión impuesta por la Procuraduría al titular, Álvaro Leyva, ordenó “suspender la apertura del proceso licitatorio para su revisión, así como la de más de 550 observaciones realizadas a los prepliegos por parte de 19 interesados”.
Y, por último, la Cancillería señaló que estas medidas administrativas no “no afectan la prestación del servicio de expedición de pasaportes, que se seguirá brindando normalmente a la ciudadanía”.
Las condiciones para la participación de la nueva licitación, por valor de $416.000 millones, habían sido publicadas el mes pasado por la Cancillería. Todo en medio de la polémica y el escándalo desatados por el anterior proceso, que tiene una demanda millonaria por parte de la firma Thomas Greg & Sons.
Pero esa nueva licitación también recibió críticas y reparos de parte de los participantes, quienes publicaron un documento en el que presentaron sus observaciones a los pliegos anunciados.
Los participantes señalaron en su misiva que el nuevo pliego conservaba varias de las barreras identificadas en el proceso anterior.
Entre estas, la solicitud de muestras que contienen las especificaciones del pasaporte actual, la necesidad de que laboratorios internacionales certificados evalúen los ejemplares de libretas solicitadas, la insuficiencia del cronograma de la licitación y la falta de claridad en los documentos y requisitos solicitados para las empresas extranjeras
En las observaciones hechas destacaron que la propia Imprenta Nacional había concluido que persistían las barreras señaladas en el pasado y que esto terminaba por favorecer solamente al actual contratista, en detrimento de la seguridad y tecnología de los documentos, y que estarían impidiendo la participación inclusive de una empresa perteneciente al propio Estado.
“Las condiciones establecidas en el pliego dejan entrever que solo el proveedor actual estaría en capacidad de cumplir, aspecto que se reitera, no solamente es violatorio de los principios de la contratación estatal y de la función pública, sino que claramente deja a los demás proponentes en total desventaja competitiva”, concluyó la Imprenta.
Otro de los puntos criticados fue la obligación de entregar muestras específicas con símbolos colombianos. Además, se quejaron de que los plazos establecidos, prácticamente, eran imposibles de cumplir.
El nuevo anunció de suspensión hecho por Murillo se suma a todos los traspiés legales y administrativos que ha sufrido dicha licitación y que tienen al canciller Leyva suspendido y al Estado en medio de un gran pleito legal.
