Un grupo de campesinos –de distintas regiones del país– se tomó desde la mañana de este lunes la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá. Los manifestantes piden que se haga efectiva las promesas de la reforma agraria y de la reforma rural integral.
Los manifestantes iniciaron la protesta hacia las 8:00 de la mañana de este 8 de julio. Entre sus consignas se escuchan quejas por las demoras del gobierno en la redistribución de la tierra y en la formalización de los predios rurales.
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“Las razones principales de la protesta son el acceso a tierra y que esta sea articulada con proyectos productivos y mercados campesinos. También que se generen vías terciarias para que la producción del campesino pueda salir, hoy las vías terciarias de nuestros campesinos son muy precarias”, señaló Nelson Liz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia.
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz indicó que el gobierno ha formalizado 681.372 hectáreas en 19 de departamentos. Sin embargo, los campesinos han asegurado que el proceso ha sido lento y burocrático.
Desde la ANT emitieron un comunicado en el que afirmaron que se mantienen en el compromiso de implementar la reforma agraria y de escuchar las inquietudes que de allí surjan. Añadió que solo en junio cerró con la compra más grande de tierras en la historia: 25.000 hectáreas.
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Los campesinos, por ahora, permanecerán en los parqueaderos y armaron carpas al interior de la entidad hasta que, dicen ellos, puedan sostener un diálogo directo que les proporcione soluciones a sus necesidades.
La reforma agraria fue uno de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 –en ese entonces bajo el nombre de Reforma Rural Integral– y pretende, entre otras cosas, garantizar el acceso a tierra a las comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas, raizales o palenqueras.
La reforma busca que las distintas instituciones del Gobierno también estén articuladas para llevar ciencia, tecnología, servicios básicos, créditos y estímulos económicos a las poblaciones rurales del país.
El pasado 17 de junio la Procuraduría entregó un informe de cien páginas en el que hizo una serie de advertencias a la reforma agraria y al avance en la compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En uno de los puntos, la Procuraduría encontró que en la ANT estarían en riesgo cerca de 136.911 millones de pesos por presuntas irregularidades administrativas en la compra de al menos 288 predios.
