El primer filtro para someter a consulta popular las reformas del Gobierno será convencer a la mayoría del Senado, la Corporación llamada a definir la conveniencia o no de la consulta.
La bancada del partido Cambio Radical en el Senado, conformada por 11 congresistas, anunció este miércoles que no apoyará la convocatoria a una consulta popular que impulsa el presidente Gustavo Petro para definir el futuro de sus reformas.
Tal como establece la ley, el primer paso para materializar este mecanismo de participación ciudadana es que la plenaria del Senado analice la conveniencia del proceso y determine su viabilidad.
En esa línea, la bancada anunció no solo su negativa a apoyar la consulta, sino que acordó presentar ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma laboral. “Interpretando el sentir de millones de colombianos que no participaron en las manifestaciones de hoy, la bancada ha decidido no apoyar, en plenaria del Senado, la consulta popular que promueve el gobierno de Gustavo Petro, por ser esta inconveniente ante la actual situación del país”.
Lea aquí: Es oficial: Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral, pese a las marchas del petrismo
Sin embargo, el senador Carlos Fernando Motoa explicó que de aprobarse por votación positiva de otros partidos, insistirá en votar por el no a las preguntas “engañosas y tendenciosas” del Gobierno. Para el vocero de Cambio Radical, el presidente Gustavo Petro desafió al Congreso de la República, a los partidos políticos y al pueblo de Colombia con el discurso ‘incendiario’ de este martes en la Plaza de Bolívar.
“Tanto Petro como algunos de sus ministros, están dejando claro que el cuestionario será extenso, incluirá preguntas aspiracionales y muchas otras que serán tendenciosas. Por lo que, está claro que quienes haríamos campaña por el ‘no’ no tendríamos garantías para competirle al Ejecutivo en igualdad de condiciones. ¿O quién en su sano juicio rechazaría que Colombia cuente con mejores condiciones laborales o servicios sanitarios más eficientes?”, explicó el congresista.
Solo para darle validez jurídica a la consulta popular –independientemente del resultado–, el presidente Petro necesita que participen al menos 13,6 millones de colombianos (la tercera parte del censo electoral). Por si fuera poco, para materializar su ánimo reformista en asuntos laborales y de salud requiere que 6,8 millones de personas respalden su propuesta.
Basta recordar que en la segunda vuelta de 2022 Petro alcanzó poco más de 11,2 millones de votos y ahora necesita que participen en su cruzada 2,4 millones de personas más. Además, la célebre Consulta Anticorrupcción de 2018 –el último proceso de este calibre– no se concretó porque no alcanzó el umbral. De hecho, otro factor a tener en cuenta es la abstención: en Colombia apenas tres de cada ciudadanos votan (60 % en promedio).
En la ecuación –por supuesto– también hay que tener en cuenta la plata. Según los cálculos de la Misión de Observación Electoral (MOE), un proceso de este calibre, dado su alcance nacional, demandaría recursos por al menos $400.000 millones, es decir, casi medio billón de pesos. Lo anterior, pese a hace menos de dos meses el Gobierno anunciaba un ambicioso plan de austeridad para enfrentar un desbalance fiscal que hoy asciende a $12 billones.
Pese a semejantes escollos, el presidente no parece estar dispuesto a dar su brazo a torcer y el primer filtro será convencer a la mayoría del Senado, la Corporación llamada a definir la conveniencia o no de la consulta.
Puede leer: Sociedades Científicas piden a Petro rectificar por decirles “vendidos” y “vampiros”
En ese sentido, el abogado constitucionalista y fundador de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, explicó los alcances y el procedimiento de una consulta popular en el país en el pódcast A Fondo de María Jimena Duzán.
En ese espacio, el abogado explicó que para que una consulta popular pase debe ganar el “sí” con el umbral del 30 % del censo electoral, que son más de 13 millones de votos, pero aclaró que, si el escenario es favorable, “no es que entre a regir inmediatamente porque es una pregunta, no hay un texto normativo”. Un texto así es una ley de la República o un documento de ley que acoge el mandato de ese mecanismo.
“Entonces ahí viene un procedimiento que es (que) la autoridad, si es, por ejemplo, un decreto que tiene que expedir el presidente o es una ley que tiene que expedir el Congreso, tendría que adoptar el mandato popular”, añadió. Al respecto, puso como ejemplo que la pregunta puede consultar a la gente si apoya ampliar los dominicales y festivos y se les pague tanto de sobresueldo.
En ese caso, dijo, “el Congreso tiene que adoptar una ley en donde establezca esa norma y si no la adopta en un determinado periodo, el presidente puede expedirla por decreto”.
El presidente Gustavo Petro anunció semanas atrás que “la primera pregunta que se hará en la consulta popular es si el día termina a las 6:00 de la tarde”, señaló.
