Las problemáticas al rededor de la minería y afines, no son nuevas. Por años, los habitantes de las zonas, donde se llevan a cabo estas actividades, han padecido la zozobra de afrontar nuevos enfrentamientos, conflictos, consultas y sin pedirlo, han sido convertidos en testigos de la explotación de los recursos naturales y de sus territorios, en la mayoría de los casos de manera ilegal.
Recientemente, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió que en el año 2023, aumentaron en un 46% los conflictos socioambientales en el sector minero-energético en el territorio nacional.
“En el sector de hidrocarburos, minería y energía eléctrica, nuestra Defensoría Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social registró el año anterior un aumento del 46 por ciento de eventos, cuando se presentaron 130, en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 89”, dio a conocer el Defensor.
Las principales demandas de los manifestantes estuvieron relacionadas con derechos laborales, contratación de mano de obra local, bienes y servicios (33%), conflictos ambientales (32%), regulación, formalización y control de actividades mineras (11%), presencia e inversión estatal (8%), múltiples demandas que involucran a las empresas y al Estado (8%), respeto de los derechos a la identidad, autonomía y la participación de las comunidades en entornos de proyectos minero-energéticos (7%), otros (1%).
De acuerdo con la Defensoría, la explotación de recursos naturales sigue motivando protestas y reclamos de las comunidades campesinas cuyos derechos se ven vulnerados y sus vidas sumamente afectadas.
Es el caso de los campesinos y pescadores de la región del Magdalena Medio, afectados por explotación de hidrocarburos y el daño a las fuentes hídricas.
Otra situación evidenciada, es la que ocurre en el departamento del Chocó. Allí, los conflictos se gestaron en torno a la explotación aurífera y de cobre. Se advierten inconformidades por el impacto ambiental producido, y al mismo tiempo surge el reclamo de los mineros tradicionales para que se les permitiera participar en esa actividad, como medio de subsistencia.
En La Guajira, el documento de la Defensoría centra su análisis en los conflictos que han surgido por las preocupaciones de la comunidad en relación con la falta de claridad sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos que se encuentran en fase de cierre. Igualmente, las comunidades indígenas vienen reclamando el derecho a la participación y consulta previa en los proyectos de parques eólicos y solares.
“En el escenario del cambio climático y la transición energética, es prioritario analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social minero-energética, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y comunidades vulnerables, además los de los habitantes de distintos territorios”, llamó Carlos Camargo Assis.
El funcionario, reconoce sin embargo que, aunque el sector minero-energético constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, cuyos recursos contribuyen a mejorar la calidad de vida de millones de personas, las condiciones estructurales de pobreza y débil presencia institucional, en muchas ocasiones se configuran focos de conflictos sociales por la reiterada demanda de inversión social para las comunidades y de garantías laborales para los trabajadores.
“Hago un llamado para que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan las actividades de monitoreo y seguimiento a la conflictividad social en el sector, con el fin de que todas las partes en los conflictos sean identificadas, escuchadas, que siempre sea el diálogo el mecanismo para la gestión y transformación de los conflictos”, indicó el defensor del Pueblo.
