La Procuraduría General consideró preocupante el aumento de casos de violencia contra menores de edad e inició vigilancia a otros organismos encargados de brindar garantías de protección.
Es grave el panorama para los niños y las niñas del país, los casos de abuso sexual, físicos y psicológicos vienen en aumento y más grave aún es que sus abusadores, en la mayoría de los casos, son familiares y cercanos.
Esta situación fue evidenciada por la Procuraduría General al anunciar que se intensificó la vigilancia a los organismos encargados de atender estos casos, activar rutas de atención y de garantizar la protección de los derechos de la población infantil.
“La violencia física, sexual y emocional contra las niñas y los niños en el país no cesa, un alarmante panorama”, dijo el organismo.
De acuerdo con el Ministerio Público, las alarmas se prendieron tras conocerse los recientes casos ocurridos en Soacha, Cundinamarca, donde tres menores de edad presuntamente fueron víctimas de abuso sexual por parte de un familiar.
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En este caso, la comunidad quiso tomar justicia por mando propia y linchar al presunto abusador, sin embargo, la oportuna reacción de la Policía impidió que el hombre muriera a manos de sus vecinos. Por este hecho, la Procuraduría requirió al Secretario de Salud de Soacha y a la Directora Regional Cundinamarca ICBF (E) un informe detallado sobre la activación de rutas de atención intersectorial y las medidas de atención brindadas a las víctimas.
Así mismo, el órgano de control requirió a la Directora Regional del ICBF en Vaupés, para que de cuenta del proceso administrativo y medidas de protección adoptadas en favor del menor de edad, víctima de abuso sexual presuntamente por el diputado Felipe García, denuncia penal que cursa en la Fiscalía General de la Nación.
Mientras tanto, en el departamento de Cauca, la Procuraduría verifica las actuaciones de la Directora Regional ICBF (E) de Cauca, en la de intervención y acompañamiento a la niña de 13 años, víctima de extorsión y de presunto abuso sexual en el barrio María Occidente en Popayán, donde fue aprehendido un menor de 16 años al momento que recibía una suma de dinero producto de la extorsión, a cambio de no publicar en redes sociales imágenes de contenido íntimo.
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Otro de los casos a los que se les puso la lupa, ocurrió en Paz de Ariporo, Casanare, donde el Personero municipal fue requerido para que priorice el restablecimiento de derechos de tres menores de edad de 8, 9 y 10 años, estudiantes de la Institución Técnica Empresarial del Norte del Casanare, víctimas de abuso sexual en un salón de clase de la institución educativa donde trabajaba el presunto abusador.
La Procuraduría “exhortó a la reflexión y a la acción de las autoridades para prevenir y enfrentar las situaciones de violencia que se vienen presentando contra de niños, niñas y adolescentes y, reiterando la urgencia en la judicialización de los presuntos responsables de la comisión de los delitos que atentan contra su dignidad”.
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