La Contraloría General de la República anunció que encontró 28 hallazgos administrativos en la auditoría financiera que le hizo al Ministerio del Interior sobre los procesos contractuales llevados a cabo en 2023.
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De estos hallazgos, ocho tienen incidencia fiscal por un valor de $9.115 millones, 14 son de carácter disciplinario, uno tiene connotación penal y otros tres dieron lugar a indagaciones preliminares.
El hallazgo fiscal de mayor cuantía ascendió a los $7.940 millones y tuvo una incidencia disciplinaria, el cual se refiere al incumplimiento de la ejecución de un convenio que se celebró para la construcción del Comando Especial del Pacífico Sur de la Policía Nacional en Tumaco, Nariño.
Sin embargo, dice la Contraloría, la entrega del comando no ocurrió dentro de los plazos pactados y hoy es una obra en mal estado e inconclusa, que se encuentra abandonada.
De hecho, advierte que al momento de continuar con la ejecución de la obra, el acero de la obra no garantizará la estabilidad de la estructura, dado que durante el periodo de abandono perdió algunas propiedades. Por esto, las inversiones ejecutadas inicialmente estarían en riesgo de pérdida.
Otro de los hallazgos se refirió al contrato del Comando de Policía del Departamento del Atlántico en Sabanalarga, que encontró un hallazgo fiscal relevante por más de $453 millones y con incidencia disciplinaria.
Esto, a juicio del ente de control fiscal, se originó por factores como los pagos realizados sin haberse cumplido a cabalidad su objeto y descripción contractual; el pago doble de una actividad, la cual fue incluida tanto en los costos directos como en los costos indirectos; así como pagos de ítems correspondientes a las obligaciones particulares del contratista.
Por otro lado, otro de los hallazgos, que tuvo incidencia disciplinaria, identificó la existencia de pagos inoportunos realizados por la Policía Nacional, correspondientes al pago de pruebas y puesta en funcionamiento del software personalizado y desarrollado por Bytte SAS por un valor de $297.000.000.
Entre tanto, también se identificó un sobrecosto del 291,4 % en el costo de los planes de datos adquiridos por la Policía Nacional, el cual no fue sustentado por la empresa Bytte SAS. Ese porcentaje representa una diferencia de $279.795.600.
Finalmente, la Contraloría General señaló la existencia de pagos de ítems no realizados, actividades que no fueron ejecutadas y otras ejecutadas parcialmente o en menor cantidad, al igual que ítems reconocidos y pagados sin haberse cumplido en la ejecución del contrato de obra.
Esto, para el ente de control, supone la prueba de que existen pagos de actividades que no fueron ejecutadas y otras ejecutadas parcialmente o en menor cuantía; pago de ítems reconocidos y pagados sin haberse cumplido su objeto y descripción contractual; pagos de ítems que se clasificaron como de obra, cuando correspondían al suministro de bienes o suministros de servicios agregándoles un costo indirecto aumentando injustificadamente su valor.
El detrimento patrimonial al Estado por estas contrataciones asciende a los $69.886.467 por contratos de obra.
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