Los agentes que representan a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso con Nicaragua ya están en la sede del Tribunal para las audiencias orales que comienzan este lunes.
En la víspera de este encuentro, apenas el primero, Carlos Gustavo Arrieta, uno de los apoderados colombianos, señaló que las pretensiones de Nicaragua son “exorbitantes”.
“Desde que inició las demandas contra Colombia, Nicaragua siempre ha tenido pretensiones exorbitantes, en contravía del derecho internacional. Durante la audiencia que se inicia este lunes 20 no debe sorprendernos escuchar de su parte alegatos exagerados y distorsiones de la realidad”, manifestó Arrieta, antes de señalar que el país cuenta con argumentos sólidos para desestimar las acusaciones de Nicaragua.
Las nuevas audiencias se originan en el fallo de la CIJ de noviembre de 2012 que fijó los límites marítimos entre ambos países y confirmó la soberanía colombiana sobre siete cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor que la que tenía.
Sin embargo, Colombia declaró en septiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”.
En noviembre del mismo año, Managua pidió a la CIJ, con sede en La Haya, que le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.
Derechos irrenunciables
“Colombia acude a la Corte para ratificar los derechos irrenunciables que Nicaragua pretende desconocer”, expresó Arrieta.
Entre esos citó “el derecho de Colombia a hacer presencia permanente en el mar Caribe en la lucha contra los delitos transnacionales; el derecho a salvaguardar la vida en el mar y proteger el medio ambiente; el derecho de todas nuestras islas a tener una zona contigua; los derechos ancestrales de pesca de la comunidad raizal en las áreas marítimas aledañas al archipiélago de San Andrés y en los bancos de pesca tradicionales”.
Por eso, Arrieta considera que “Colombia no ha expedido ninguna ley contraria al derecho internacional” y asegura que “es Nicaragua la que expidió un decreto de líneas de base rectas con el cual convierte en aguas interiores 21.500 kilómetros cuadrados de mar. Por eso Colombia contrademandó a Nicaragua”.
Las contrademandas, cuatro en total, fueron presentadas por Colombia en la fase de alegatos escritos y la CIJ admitió dos de ellas.
“Estas contrademandas hacen referencia a que, por una parte, Nicaragua ha desconocido e infringido los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder a sus bancos de pesca tradicionales”, afirmó.
El agente colombiano añadió que Nicaragua “expidió además un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros países”.
Libertad de navegación
Tras las audiencias orales, en las cuales los jueces escucharán tanto la denuncia inicial de Nicaragua como las dos contrademandas de Colombia, el fallo de la Corte puede tardar varios meses y, aunque asegura que “no es momento para especular”, el agente colombiano afirma que “el equipo jurídico tiene una estrategia de defensa que viene desarrollando desde 2013”.
“Este caso versa sobre los derechos de ambas partes. Nicaragua pretende negarle a Colombia la libertad de navegación y sobrevuelo que tiene todo país”, resume Arrieta y subraya que “la libertad es un principio esencial del derecho internacional”.
Arrieta explicó que Colombia responderá ante las acusaciones y luego debatirán entre los representantes de ambos países.
“Hoy lo que podemos oír es toda clase de barbaridades de parte de Nicaragua, y eso es normal. Nos hemos venido preparando desde hace mucho tiempo, tenemos argumentos muy sólidos y un equipo que ha venido trabajando en este desde hace más de tres años, tenemos identificados todos los hechos que ha planteado Nicaragua como posibles violaciones, pruebas suficientes para desvirtúalos y argumentos jurídicos muy sólidos respecto a los derechos que Colombia quiera hacer valer”, explicó Arrieta.
Arrieta también destacó el apoyo que han tenido de la comunidad Raizal para evidenciar los errores y brindar información que le servirán al equipo jurídico colombiano que demostrará las equivocaciones de Nicaragua, se han propiciado reuniones con abogados y diversas entidades en donde se han podido expresar las situaciones que les aquejan.
Por otro lado, el co-agente Manuel José Cepeda destacó que Nicaragua intentará transformar este caso para disminuir la importancia del debate de los derechos de ambos países, respecto a lo que exponga hoy el país nicaragüense, el equipo de Colombia analizará los argumentos y refinará lo que ya se tiene preparado para presentar la respuesta y contrademanda este próximo miércoles.
“Se ha trabajado cuidadosamente en los discursos que serán presentados como parte de las alegaciones en la etapa oral. Lo que está en juego es si Colombia le ha violado unos derechos económicos a Nicaragua y si de otro lado ese país ha desconocido los derechos del pueblo raizal de pescar en sus bancos tradicionales de pesca y si se han apropiado de forma ilegal de grandes porciones del mar Caribe”, explicó Cepeda.
El agende, el co-agente y los abogados Rodman Bundy, Michael Wood, Eduardo Valencia Ospina, Jean-Marc Thouvenin y Laurence Boisson de Chazournes ya están en el Palacio de la Paz, sede de la Corte de La Haya en Países Bajos.
Los resultados de las audiencias que durarán las próximas dos semanas tendrán resultado del fallo por parte de la Corte en los siguientes seis meses o máximo un año.
En la CIJ hay otro litigio planteado por Nicaragua, que pidió a ese tribunal que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”.
