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Reformas de Petro juegan sus últimas cartas ante un Congreso más distante

En medio del año preelectoral, el Gobierno tiene la última oportunidad de aprobar sus reformas; sin embargo, la baja ejecución, la impopularidad de Petro y su tono confrontacional complican el panorama. En febrero arranca la legislatura.

  • El Congreso reanudará sesiones el próximo 16 de febrero. Además de las reformas laboral y a la salud, en el tintero figuran proyectos como la reforma a la justicia o a la educación. FOTO COLPRENSA
    El Congreso reanudará sesiones el próximo 16 de febrero. Además de las reformas laboral y a la salud, en el tintero figuran proyectos como la reforma a la justicia o a la educación. FOTO COLPRENSA
06 de enero de 2025
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En 2025 el voto de los congresistas en Colombia cotizará al alza. Se trata –ahora más que nunca– de un año determinante para los intereses del Gobierno de Gustavo Petro, que buscará tramitar y por fin hacer aprobar las reformas de toda su entraña. Sin embargo, a medida que se acerca la coyuntura electoral la puja será a otro precio y el escenario será mucho más adverso para el Ejecutivo.

“Si en el primer año de todo gobierno los legisladores son dóciles, en el segundo empiezan a tomar distancia y en el tercero terminan por volverse mucho más transaccionales”, advierte el profesor Juan Pablo Milanese, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi de Cali.

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Según el catedrático, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia (Italia), lo que está en juego es la reelección de los congresistas con miras a 2026. “Los legisladores, como cualquier actor político, necesitan recursos políticos que favorezcan la posibilidad de ser reelectos o de poder de alguna manera lanzarse a otros cargos”.

En los cálculos que deben estar haciendo en Palacio entran otras variables a la hora de convencer indecisos y sumar aliados, entre ellas, la baja ejecución presupuestal del Gobierno (80,8% hasta noviembre, lo que implica que faltaban por ejecutar $97 billones) o la impopularidad de Petro, que hoy asciende al 60% según Invamer Poll, mientras que su aprobación ronda el 34%. Es decir, apenas uno de cada tres colombianos respalda su gestión.

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Por si fuera poco, en el año que arranca se intensifica el talante confrontacional del jefe de Estado con los parlamentarios. De hecho, el viernes sugirió que la representante independiente Catherine Juvinao (Alianza Verde) era una “parlamentaria sirvienta de los ricos” por haberle reclamado el pago de las transferencias a los firmantes de paz.

Acusaciones de ese calibre retumbaban con la misma fuerza hace un mes, cuando Petro arreció contra la clase política acusándola no solo de gestar un supuesto golpe de Estado, sino de la difícil situación fiscal del país y el descuadre en caja tras el hundimiento de la reforma tributaria.

En este contexto, el propio presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), le madrugó a la refriega y de manera indirecta advirtió que, de cara al 16 de febrero –cuando se reanudan las sesiones legislativas– mantendrán la independencia y no permitirán una intromisión indebida del Ejecutivo. Incluso, anunció que el control político –que se traduce en visibilidad para los congresistas– también será uno de los derroteros.

“Vamos a seguir demostrando la independencia y también seguir en la línea de que los proyectos de los congresistas son tan importantes como los proyectos del Ejecutivo (...) Seguiremos dando garantías: los debates de control político, por supuesto se deben seguir haciendo”, manifestó Cepeda, quien confirmó que el trámite de los proyectos en este 2025 será a otro precio.

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“Vamos a revisar algunos proyectos, entre ellos la reforma laboral y la reforma a la salud. Tendremos un nuevo Presupuesto General de la Nación, y realmente allí estaremos con la misma puntualidad, disciplina y la misma producción del Senado”, precisó.

En esa línea, la representante Juvinao pareció recoger el descontento de varios congresistas, al alegar que, pese a que el Congreso le aprobó “presupuestos históricos” a Petro y una reforma tributaria, siguen sin verse los avances en materia de ejecución, y la responsabilidad de que hoy no cuadren las cuentas es del mandatario. “Si en su gobierno se roban la plata, no recaudan lo proyectado y no ejecutan, la responsabilidad política es suya. Resuelva”.

Pero no se puede pasar por alto que al primer mandatario le queda cierto margen de maniobra en la Cámara de Representantes, donde cuenta aún con frágiles mayorías y el apoyo irrestricto del presidente, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde).

Lo que se juega Petro

En el tintero legislativo el Gobierno Petro tiene la reforma a la salud, que fue aprobada en primer debate en la Cámara y en las postrimerías de las sesiones que concluyeron el pasado 16 de diciembre avanzó un 38% en segundo debate en la plenaria. Además, en la Comisión Séptima del Senado alcanzó a ser radicada a última hora la ponencia positiva de la reforma laboral, que enfrenta su tercer debate.

A estos proyectos se suma la reforma a la justicia (aprobada en primer debate en Senado), otra reforma política (tras su estrepitoso hundimiento a mediados de diciembre), la reforma a la educación (que no alcanzó a ser presentada el semestre pasado), la reforma a la ley de servicios públicos o la ley para regular la pequeña minería.

Inclusive, sigue figurando como un pendiente el paquete de iniciativas que prometió Petro en julio ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc.

En medio de todo, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, sorprendió al manifestar que el Ejecutivo no descarta tramitar otra tributaria: “necesitamos que los más favorecidos paguen lo que les corresponde en impuestos para sacar adelante a las clases más necesitadas”, insistió.

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, es consciente del desafío, pero también pide que prime un “ambiente de concertación y discusión” de las reformas. “Es indudable que en el campo de la salud se requiere una reforma. No se ha encontrado todavía el consenso, pero eso no da espera. Ojalá las otras iniciativas del Gobierno sigan su trámite y se logren convertir en leyes”.

Aún resta un mes largo para que se reanuden las sesiones en el Parlamento, por lo que lo que se verá las próximas semanas serán más intentos del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por apaciguar las aguas, sumar aliados y lograr consensos con base en el cada vez más difuso acuerdo nacional. En Palacio coinciden que la mejor plataforma para la campaña presidencial serán unas reformas aprobadas y andando.

Para el profesor Milanese lo cierto es que el Gobierno deberá encontrar la fórmula entre la siempre dulce mermelada y los acuerdos programáticos para lograr resultados: “las dinámicas de transacción aumentarán a medida que se acerca el calendario electoral”, concluye.

Dudas por la continuidad de Cristo

Si algo le podría hacer falta al adverso panorama del Gobierno en el Congreso sería la ausencia del encargado de llevar a buen puerto las reformas: el ministro del Interior. Si bien Juan Fernando Cristo sumó su primer semestre en el despacho y logró aprobar proyectos de gran calado –como la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP)–, su continuidad está en duda. ¿La razón? El ministro, considerado del ala santista del Gobierno, así como el canciller Luis Gilberto Murillo, podría renunciar para no inhabilitarse y participar en las próximas elecciones presidenciales. Cristo tiene plazo hasta mayo, pero dejaría el Ministerio en próximos días en medio del revolcón en el gabinete que prometió Petro. Ello implicaría que el nuevo titular del despacho tenga que volver a tejer o afianzar relaciones y arrancar sin ventajas una difícil legislatura.

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