Pagos mensuales que van de $2 a $50 millones de pesos según el cargo, uniformados en la nómina que se encargan de reclutar a sus propios compañeros y un esquema de filtración de documentos reservados difícil de contrarrestar, conforman el sistema de corrupción del cartel narcotraficante Clan del Golfo dentro de la Fuerza Pública.
Este execrable fenómeno volvió a hundir el dedo en la llaga luego de que se destaparan dos ollas podridas en las últimas dos semanas, que salpican a miembros de la Policía y el Ejército en actividades con esa organización criminal en el departamento de Bolívar.
Uno de los involucrados es el intendente Harvey Arellano Cerda, quien fungía como jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) en Bolívar. La Fiscalía le imputó el cargo de violación de datos personales agravado, el cual aceptó en el estrado.
Según el reporte del caso, “aprovechaba su cargo y entraba sin autorización a los sistemas de la entidad para extraer detalles de operaciones y movimientos de la fuerza pública, para alertar al frente Uldar Cardona Rueda sobre las acciones en su contra; de esa manera, los cabecillas evadían los operativos”.
El otro es el coronel (r) José Castro Cadavid, quien hasta 2002 fue comandante del batallón de artillería mecanizada Antonio Nariño del Ejército, con sede en el municipio bolivarense de Mompox.
Durante su tiempo de servicio forjó lazos con el frente Aristides Mesa Páez del Clan, hasta el punto de convertirse en uno de su presuntos cabecillas, según la Fiscalía, participando en extorsiones, asesinatos, narcotráfico y otros crímenes. El hecho que lo llevó a prisión fue el homicidio del líder social Narciso Beleño.
Era presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Agromisbol) y realizó denuncias sobre los nexos entre el Clan del Golfo y los militares. “En respuesta, el coronel (r) dispuso que hombres armados lo interceptaran en la puerta de su residencia y le dispararan,” el 21 de abril de 2024 en Santa Rosa, Bolívar, expuso el fiscal en la audiencia, en la cual Castro se declaró inocente.
Para comprender cómo funciona el entramado de corrupción de este grupo en la Fuerza Pública, EL COLOMBIANO consultó a fiscales e investigadores judiciales que llevan años investigándolo, quienes hablaron con la condición de la reserva de identidad, por tratarse de expedientes que todavía están abiertos.
“Son muchísimos casos conocidos desde que apareció el Clan (2007), sobre todo en la Policía, Ejército y Armada”, manifestó una de las fuentes, añadiendo que “los indicios más graves los hemos encontrado cuando les incautamos computadores y memorias USB, porque todos los frentes del Clan llevan registros contables de los pagos de nómina”.
Uno de esos primeros registros lo encontraron el 14 de noviembre de 2016, en un allanamiento a una finca de la vereda Palmera, en Necoclí, Antioquia. Los comandos buscaban al cabecilla Aristides Mesa (“el Indio”), integrante del estado mayor del Clan del Golfo.
Sus escoltas recibieron a los policías a punta de disparos, cubriendo el escape del jefe. Un guardaespaldas murió y en el sitio fue desmantelada una central de comunicaciones. Pero lo más interesante fue el hallazgo de una USB con la contabilidad del grupo, en la que se destacaban los pagos mensuales para 3.000 integrantes divididos por frentes.
Y en cada frente había un rubro específico para los sobornos a uniformados, que se reseñaban como “coronel brigada”, “teniente batallón”, “capitán estación”, entre otros.
