Si hay una palabra con la que se puede resumir el proceso de contratación de la empresa que elabora los pasaportes en Colombia, sería “atropellado”. Esto debido a un hilo de suspensiones, acciones populares y riesgos de desabastecimiento que han rodeado a esta licitación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores –también conocido como Cancillería– abre esta licitación cada cuatro años y para esta ocasión se trata de un proceso de $600 mil millones. Sin embargo, esta contratación está en veremos luego de que este miércoles el canciller Álvaro Leyva declarara desierta la licitación, por lo cual también se declaró la urgencia manifiesta.
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La idea de abrir esa licitación cada cuatro años es que diferentes empresas calificadas para este objetivo compitan para obtener el millonario contrato. Sin embargo, la principal queja con esta licitación es que las condiciones para aplicar estarían beneficiando a la compañía británica Thomas Greg & Sons, que ha tenido este contrato en los últimos 17 años.
Entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República han puesto la lupa en este proceso pidiendo pluralidad de oferentes, precisamente para que no sea una licitación sastre.
El pasado 1 de agosto se venció el plazo para adjudicar el contrato, así que se extendió para el pasado 5 de septiembre: fecha en la que de nuevo el canciller Leyva lo suspendió.
En ese sentido, llegó esta semana en la que definitivamente el canciller declaró esta licitación desierta: un hecho que genera incertidumbre sobre la expedición de este documento que es fundamental y obligatorio para emprender viajes al exterior.
Uno de los tropiezos en esta contratación fue una acción popular presentada por el abogado Esteban Puyo Posada y una denuncia penal disciplinaria de Hernando Perea.
La primera se interpuso en julio pasado y demanda que las condiciones de esa licitación –cuyo número es 001 de 2023– vulneran los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la libre competencia económica. Esta acción está en estudio del Consejo de Estado; en la segunda, el abogado denunció a algunos miembros de la Cancillería y de Migración, al igual que alegó que la Cancillería no acató las recomendaciones en el tiempo de implementación.
Antes de que se declarara desierta la licitación, había 11 empresas en la puja por ganársela, entre los que se encontraban Cadena S.A., Veridos México y Thales Colombia. De hecho, estas empresas fueron las que alzaron la mano para expresar que los pliegos de peticiones solo beneficiarían aThomas Greg & Sons.
De hecho, Cadena S.A. le envió una carta a la Cancillería expresándole su molestia porque “no existe ningún tipo de ánimo, por parte de la Cancillería, para establecer condiciones que permitan la participación de otros proponentes”.
“La Cancillería decidió no solo mantener aquellos requisitos que únicamente pueden ser cumplidos por el contratista actual, contra toda evidencia técnica, sino que, a última hora, realizó cambios en las características técnicas de los pasaportes, lo cual confirma la ausencia para establecer requisitos que permitan una amplia participación”, señalaba la comunicación.
Según cifras presentadas por La República, entre 2010 y 2022 se han expedido 13.909.740 pasaportes y libretas de tripulante. Los años 2015 y 2022 fueron los años en los que más se expidieron, con 1.694.961 y 2.286.444, respectivamente.
Este jueves la Cancillería no aceptó los argumentos que Thomas Greg & Sons expresó en una reposición a la declaración de desierta de la licitación de pasaportes.
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