Si hay alguien que tiene más vidas que un gato es Armando Benedetti. El experimentado político que hizo carrera en varios partidos y con líderes de diferentes segmentos tendrá que regresar a la Corte Suprema de Justicia para contestar preguntas sobre algunas de sus relaciones anteriores y también acerca de sus bienes. Él insiste en que es inocente y alega una persecución de parte de la magistrada Cristina Lombana que lo viene investigando desde hace varios años. Este nuevo proceso tiene que ver con las actuaciones de Benedetti mientras era senador y estuvo al frente de un proyecto de ley que terminó beneficiando a una empresa de Euclides Torres en el sector seguridad.
El último trino en la cuenta de X del embajador se refiere a la investigación. “Vuelve Lombana con sus jugaditas y su persecución para investigarme nuevamente en lo que ya fue recusada e inhabilitada. Desde 2018 me ha abierto más de 10 procesos sacados de la manga, investigaciones sin ningún sustento, testigo o prueba. Sostengo mi confianza en la Corte Suprema”, publicó.
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Aunque resulta contradictorio, Benedetti cuestiona con dureza a la magistrada que lo investiga, pero al final señala que confía en la Corte Suprema, como si las investigaciones o decisiones de Lombana, una togada de la Sala de Instrucción con las mismas facultades que sus colegas de la Corte, carecieran de legitimidad y no representaran a la justicia. Benedetti y la magistrada Lombana, quien tiene un pasado relevante en las Fuerzas Militares, se conocen de tiempo atrás, porque la magistrada ha llevado el liderazgo de varios de los casos que se investigan en su contra. El más grave hasta ahora es el de enriquecimiento ilícito y en esa indagatoria, antes de que el proceso fuera a parar a la Fiscalía por un tiempo bajo el pretexto de la pérdida del fuero de senador de Benedetti cuando era embajador en Venezuela, el excongresista tuvo que responder preguntas agudas sobre sus propiedades en Colombia y las transacciones que hizo de recursos al exterior cuando ocupaba una silla en el Congreso. Una de las propiedades que más generó intriga es una casa en Puerto Colombia que no cuadraría en las cuentas de sus ingresos y gastos.
Frente al tribunal Benedetti respondió las preguntas, habló por primera vez de su relación con Euclides Torres y su familia, y hasta mencionó a Laura Sarabia que para entonces era su mano derecha (hoy la historia es diferente) y estaba también encargada de llevar, no solo la agenda de sus reuniones, sino aparentemente el registro de sus cuentas, según este mismo respondió a Lombana.
El caso de hoy está relacionado con la ley 1539 de 2012, en donde se aprobó el trámite de un certificado para el manejo de armas que debían realizar los guardas de seguridad de todo el país. Pocas empresas podían entregar esa certificación, pero una de ellas era, según la investigación, Simetric SA, de la familia Torres. Esto llevó a que el empresario de Barranquilla se beneficiara con creces de la ley. Tras eso, Benedetti amplió sus relaciones con los Torres; su fórmula a la Cámara para ese momento era Efraín Torres, hijo de Euclides, pero también se volvió cercano a Pedro Flórez, casado con Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides y quien también fue congresista.
De hecho, hay una fotografía de Flórez junto a Benedetti y Gustavo Petro en campaña. Flórez aparece hablándole a Petro mientras Benedetti escucha y están en una playa frente al mar. Hace solo unas semanas representantes del Partido Verde tumbaron una ley que buscaba resolver algunos problemas de accidentalidad en el país, denunciando otra vez que habría un mico promovido por Flórez desde el Senado para beneficiar a su familia política. El proyecto se cayó, pero los intereses de los Torres tras haber apoyado y financiado la campaña del presidente han quedado claros.
Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía y a la Revista Semana que quien pagó el evento de La P en Barranquilla fue Euclides Torres y este terminó aceptándolo, pero señalando que había sido de manera voluntaria y no una donación a la campaña. Hace poco el Fondo de Energías no Convencionales, adscrito al Ministerio de Minas, tuvo que cancelar un contrato por más de 100.000 millones que estaba a punto de firmarse porque La Silla Vacía reveló que la empresa beneficiada iba a ser otra de Euclides en paneles solares. De Simetric y las otras empresas de Euclides se sabe poco y de hecho ninguna de ellas está directamente representada por el empresario cabeza de esa familia, pero hay un documento de la Superintendencia de Industria y Comercio que lo vincula con varias compañías en una investigación por conductas anticompetitivas para el sector seguridad.
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Esta no es la única investigación abierta y andando contra Benedetti. De hecho, la Fiscalía regresó a la Corte varios de los casos en su contra (que no se movieron en la administración de Francisco Barbosa) por considerar que el fuero original era de ese tribunal porque estos hechos ocurrieron mientras el embajador era senador.
Al final, Benedetti tendrá que contestar especialmente una pregunta: ¿cómo logró conseguir los 3.600 millones de pesos que costó su casa en Puerto Colombia, de acuerdo con las declaraciones que le dio a la Corte la persona que se la vendió, Alberto Nicolella? Está sumada a las del origen de sus otras propiedades, al menos un apartamento en Bogotá y otro en Barranquilla. Los caminos de Benedetti parecen inciertos, pero lo cierto es que tendrá que volver a vestirse de traje para responder estos cuestionamientos a la Corte. Y, luego de eso, otra vez, la definición de su situación jurídica que, como en todo proceso, puede implicar una medida de aseguramiento en su contra.
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