Para el jueves había sido reprogramada la diligencia de declaración jurada de Harold Rondón, conductor de la UNP asignado a Laura Sarabia. Debía presentarse el 20 de junio, pero también alegó problemas en su notificación.
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El jueves también le tocaba a la propia Sarabia, pero, por petición de ella misma, acudió el miércoles, 21 de junio. Ese día, en una entrevista, reveló detalles del robo en su vivienda. Sostiene que el monto de dinero es de 7.000 dólares y, además, también fueron hurtados documentos oficiales, lo que causó que en Palacio se tratase el evento como asunto de seguridad nacional, lo que desembocó en el uso del polígrafo para investigar a la niñera Marelbys Meza.
Por el uso del polígrafo también debían presentarse el miércoles el coronel Carlos Feria, cabeza de la seguridad de Gustavo Petro. Su abogado, el penalista Marlon Díaz, ha mantenido en medios la versión de que el instrumento fue utilizado con todos los protocolos establecidos en la normativa, y que no debería ser “satanizado”.
La subintendente Luisa Calle, parte del esquema de seguridad de Sarabia, también fue a su cita el 20 de junio, en el marco de la investigación por el detector de mentiras. Ese día le correspondía turno al esposo de Laura Sarabia, Andrés Alfonso Parra, quien no asistió, amparándose en su derecho a guardar silencio.
El miércoles, además, la Fiscalía y Medicina Legal cerraron la investigación por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila. Se trató de un suicidio.
Con todo el material recogido en entrevistas y demás investigaciones, en las próximas semanas la Fiscalía tendrá que presentar un balance que indique quiénes serán indiciados y qué curso tomarán las investigaciones, mientras en la opinión pública la polémica pierde efervescencia.
