La Corte Constitucional estudiará en la tarde de hoy la tutela interpuesta por el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en la que pide amparar su derecho fundamental a la segunda instancia.
Ahora, con esta estrategia, Arias busca que otros jueces revisen el proceso que lo llevó a una condena de 17 años en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.
Arias ya ha pedido protección de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que aseguró hace dos años que la justicia colombiana le negó el derecho que tiene cualquier ciudadano a apelar su sentencia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le ha negado la impugnación en dos oportunidades. (Ver antecedentes)
Por su parte, el Congreso emitió el Acto Legislativo 01 de 2018, por medio del cual se crea el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, y se les dio vida a las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia en la Sala Penal.
Ninguna de esas novedosas herramientas están hoy al alcance de las personas que como Arias fueron condenadas en una única instancia en la Corte Suprema de Justicia, entre 1991 y 2018.
Víctor Mosquera, abogado de Arias, dijo a EL COLOMBIANO que espera que la Corte Constitucional “establezca si el derecho humano a la doble instancia es para todos los seres humanos, conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia”. Y agregó que está esperanzado en que “se reafirme que las decisiones del Comité de DD. HH. de la ONU son vinculantes para el Estado”.
Sentar jurisprudencia
La decisión que se tome hoy es muy importante, pues sentará jurisprudencia sobre un asunto que no ha logrado dirimirse, ya que la Sala Penal de la Corte Suprema, que condenó a Arias, era el más alto tribunal que existía para ese momento, y no había otro superior al cual acudir, “esa era la ventaja con la que contaban los aforados, que no serían juzgados por cualquier juez, sino los mejores y más importantes del país”, como dijo el constitucionalista de Eafit, David Suárez.
El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, enunció el Pacto de San José de Costa Rica que creó, en 1969, el Sistema Interamericano, y que contempla en su artículo 8 el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.
“El derecho a la segunda instancia está contemplado inclusive antes de la Constitución”, anotó el exmagistrado.
Por su parte, el constitucionalista de la Universidad del Rosario, Juan Manuel Charry, opinó que “por tratarse de derechos fundamentales, este es un derecho retroactivo, que Arias siempre ha tenido aunque no se le ha garantizado y es imprescriptible. Por ser un asunto de trámite debería tenerlo inmediatamente”.
Ante esto, el jurista Rodrigo Uprimny elevó una propuesta que ha conseguido adeptos en la Corte: crear un mecanismo extraordinario de impugnación de las condenas previas, que tenga una lógica semejante a la acción de revisión, que únicamente pueda ser interpuesto por el condenado, quitándole el efecto suspensivo que tiene la segunda instancia.
Además, Suárez aseguró que hay otras cosas que la Corte deberá contemplar, ya que si a Arias lo condenó la Sala Penal de la Corte Suprema no existe hoy en Colombia un tribunal superior al cual acudir.
Y Hernández le puso otra cereza al asunto: “Si la Corte llega a conceder la tutela y sostiene que Arias tiene derecho, el mismo derecho lo van a tener todas las otras personas que antes fueron condenadas por una sola instancia”.
¿Retroactivo?
Un derecho de petición contestado por la Sala de Casación de la Corte Suprema al director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, detalla una por una las 232 condenas a aforados constitucionales que se dictaron antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018.
Si la Corte decidiera amparar el derecho a la segunda instancia para esos casos, podrían apelar el exsenador Iván Moreno Rojas, el exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, el exministro de la Protección Social Diego Palacios, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, el exsenador Mario Uribe Escobar, el exalcalde de Quibdó Patrocinio Sánchez Montes de Oca, el excongresista César Pérez García, el exgobernador del Valle, Gustavo Álvarez Gardeazábal, y el excongresista Carlos Alfonso Lucio, entre muchos otros.
