El exsenador fue citado junto a otros tres exgobernadores de Nariño por cuenta de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH durante la erradicación de cultivos de uso ilícitos.
En el marco de la investigación del Caso 02 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionado con crímenes presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, este miércoles fueron citados a entregar testimonio cuatro exgobernadores de Nariño, entre ellos, el exsenador Antonio Navarro (2008-2011).
La citación –que incluye a Parmenio Cuéllar Bastidas (2001-2003), Eduardo Zúñiga Eraso (2004-2007) y Raúl Delgado Guerrero (2012-2015)–, es para que los exgobernadores declaren sobre la fumigación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con glifosato.
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La JEP trata de establecer graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas durante la erradicación de cultivos de uso ilícitos con glifosato. Por ello, invitó a las víctimas de los municipios priorizados que sufrieron afectaciones a solicitar su acreditación.
“Las diligencias de testimonio, que se realizarán entre el 17 y 25 de junio, hacen parte de la investigación que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad en el Caso 02”, precisó el organismo.
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El Caso 02 prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH que afectan principalmente a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño.
El caso, que se abrió en julio de 2018, estudia aproximadamente 3.000 hechos victimizantes agrupados en 12 afectaciones cometidas presuntamente por integrantes de las extintas Farc EP y miembros de la fuerza pública en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas entre 1990 y 2016.
“El territorio de estos tres municipios es de 527.743 hectáreas, es tan extenso que podría abarcar el área de dos departamentos completos en Colombia. El 78 % de estas tierras pertenecen legalmente a pueblos indígenas y afrodescendientes (resguardos indígenas y títulos colectivos del pueblo afrodescendiente)”, agregó la JEP.
