El Ministerio de Educación informó esta semana que tiene conocimiento de información sobre amenazas contra la vida de estudiantes y docentes que participan en la Asamblea Triestamentaria de la Universidad Tecnológica del Chocó–Diego Luis Córdoba. Situación que los llevó a alertar a varias entidades públicas y a la institución educativa.
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De acuerdo con lo informado por esa cartera, estos hechos fueron puestos en conocimiento, por medio de una alerta temprana, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y de otros entes de control competentes para que se activen rutas que permitan, en el marco de sus competencias, atender esta situación y salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas que han sido amenazadas.
En un comunicado de prensa, el ministerio fue enfático en que rechazaba “cualquier forma de agresión contra los estamentos de la institución e invitamos a rodear y proteger a nuestros estudiantes”.
“Hacemos un llamado a la administración de la Universidad a generar espacios seguros que fomenten la comunicación abierta, el debate constructivo y la colaboración que garanticen los derechos fundamentales de todos los miembros de la comunidad educativa”, añadió la comunicación.
La Universidad Tecnológica del Chocó ha estado envuelta en distintas problemáticas por su manejos y por su inestabilidad institucional.
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El 11 de julio pasado, uno de los últimos actos como ministra de Educación de Aurora Vergara fue apartar por un año a David Emilio Mosquera Valencia del cargo de rector y de representante legal de esa institución educativa. Ese año de suspensión tenía como objeto que durante ese tiempo se corrigieran las irregularidades que se habían detectado.
La cartera de educación halló irregularidades en aspecto como bonificaciones a docentes, pólizas de órdenes de servicio, imprecisiones en la política institucional, contratistas sin experiencia, falta de firmas en certificados, contratos con garantías extemporáneas, documentos desordenados y no foliados, pagos superiores a beneficiarios de créditos, pago a contratistas sin pruebas de ejecución, pagos de honorarios sin informes de ejecución, falta de soportes en contratos, así como posibles inconsistencias en informes financieros, en conciliaciones bancarias, en cuentas por cobrar, en cartera de estampillas.
En ese sentido, la entidad señaló que había debilidades contractuales en los procesos celebrados en 2022 y 2023 y poca consistencia en la información financiera de la universidad.
Así mismo, en febrero de 2023 la Fiscalía judicializó a nueve personas —entre las que había funcionarios, exfuncionarios y contratistas de la Universidad Tecnológica del Chocó— que estarían involucrados en un desfalco superior a los $38.000 millones.
De acuerdo con la investigación del ente acusador en ese entonces, los judicializados suscribieron varios contratos relacionados con el suministro de maquinarias y equipos industriales, además de la construcción de un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera en el municipio de Atrato que debía entregarse para diciembre del 2019.
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Tampoco hay que dejar de lado que en septiembre de este año la Procuraduría abrió investigación contra el rector David Emilio Mosquera Valencia (quien días antes había sido reintegrado a su cargo por orden de un juez) por presuntas irregularidades en un contrato en el que habría habido falsificación de una firma y un indebido destino de recursos del Sistema General de Regalías.
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