El llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación al expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado revuelo en el país político. No solo por lo que representa la figura del antioqueño, sino debido a que será la primera vez en la historia del país que el caso de un exmandatario colombiano llega a esta instancia en la justicia ordinaria.
El proceso empezó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia absolvió al senador Iván Cepeda –quien en 2012 realizó un debate en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia en el que presentó los testimonios de dos exparamilitares que aseguraron que el Uribe estuvo relacionado con la creación del bloque Metro de ese grupo armado– por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, y, por el contrario, decidió que era a Uribe, el primero en denunciar a Cepeda, a quien debían investigar por los mismos cargos.
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Eso, debido a que los encargados de llevar el caso en la Corte escucharon, por error, unos audios en los que quedaba en evidencia que el exmandatario (entonces senador de la República por el Centro Democrático) estaba presuntamente enterado de que algunos de sus colaboradores –en cabeza del abogado Diego Cadena– tenían planes para “enchochinar” a Iván Cepeda.
Uribe renunció al Senado. Perdió el fuero especial que hacía que lo investigara la Corte. Su caso pasó a ser investigado por la Fiscalía General de la Nación, entonces dirigida por Francisco Barbosa (cercano a la corriente política). Hubo dos intentos de que el caso precluyera, pero los jueces no lo permitieron.
El caso estuvo quieto un tiempo, hasta que el fiscal primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó este martes el escrito de acusación en contra del expresidente, en el cual el ente investigador aseguró que tiene nuevas pruebas para llevar a juicio al exmandatario.
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Una vez se conoció la noticia, senadores de la República como María José Pizarro, del Pacto Histórico, se pronunciaron al respecto. “Esto demuestra que nadie por encima de la ley. Es la primera vez que un expresidente de la República va a juicio. Pero, aquí, lo más importante es que en un día como hoy (día de las víctimas), el país pueda avanzar en términos de verdad y de justicia”, aseguró.
Por su parte, legisladores cercanos al expresidente y exsenador como Paloma Valencia y otros miembros de su colectividad insinuaron que la continuación del caso tenía que ver con la llegada de Luz Adriana Camargo a la dirección del ente acusador. “Cambió de fiscal. Investigan las EPS y judicializan al Presidente Uribe”, trinó Valencia.
Sobre este tema, Pizarro aseguró que la decisión de que fuera la justicia ordinaria la que investigara su caso fue del propio Uribe, cuando renunció al Senado en 2018. La senadora señaló que en su momento lo hizo porque sentía que la Fiscalía de Barbosa le daba garantías. Sin embargo, señaló que la nueva fiscal General es autónoma y no actúa bajo presiones políticas.
En el mismo sentido se manifestó la exvicepresidenta de Colombia Martha Lucía Ramírez, quien aseguró que “es doloroso que un expresidente que se entregó con devoción al servicio íntegro para el progreso de Colombia, sea llamado a juicio. Tengo confianza en que triunfarán la verdad y su inocencia”.
La senadora por el Pacto Histórico Esmeralda Hernández, por su parte, escribió que “mientras la Fiscalía de bolsillo de Barbosa pedía la preclusión del caso de Álvaro Uribe, la nueva Fiscal Camargo lo llama a juicio. Finalmente, se pone fin a una Fiscalía politizada y se reafirma su función de cumplir su labor investigativa, sea quien sea”.