Mientras que el hoy senador del Pacto Histórico ha llegado a decir que Uribe “ha tenido relaciones inocultables con narcotraficantes y paramilitares”, el expresidente lo ha acusado de ser “afín a las Farc”.
Lo que comenzó como un rifirrafe político, que el propio Álvaro Uribe Vélez llevó a los estrados judiciales, hoy se materializa como un escrito de acusación y un llamado a juicio contra un expresidente de la República.
Fue en 2014 cuando en medio de un debate en el Congreso de la República el aún senador Iván Cepeda se atrevió a poner en la palestra pública al entonces senador del Centro Democrático y lo cuestionó por supuestos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Visiblemente molesto y con un dejo de indignación, Uribe se levantó de su curul, pidió permiso para ausentarse y anunció que caminaría unos pasos en la Plaza de Bolívar de Bogotá para desplazarse a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a Cepeda. Según el exmandatario, había testimonios que indicaban que el congresista estaba visitando a paramilitares en la cárcel para ofrecerles beneficios a cambio de que declararan en su contra.
La Corte admitió la denuncia que, de hecho, complementaba otra que ya había formulado Uribe contra Cepeda en 2013. Sin embargo, el revés para el presidente fue un verdadero efecto boomerang: la Corte no encontró méritos para investigar al entonces senador del Polo Democrático y, en su lugar, en 2018 ordenó indagar al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
“Soy consciente como ser humano y entiendo lo que esto ha significado para él y su familia”, dijo en una entrevista en 2022 Cepeda, quien reconoció “el sufrimiento de Uribe y los suyos”, pero que ha sido enfático en reclamar avances en el proceso.
Justamente, al conocer el llamado a juicio contra Uribe, reivindicó que “son 12 años de estar luchando esta decisión” y que se trata de una determinación justa: “Hemos tenido que hacer inmensos esfuerzos para llegar a esta instancia, luego de dos intentos de preclusión, (...) pero hoy llega una decisión que consideramos es justa”, manifestó.
En una entrevista en 2020, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria, Uribe reaccionó con dureza, denunció que le violaron sus garantías procesales y que “compraron testigos, en total diez testigos, los pagó el joven Cepeda, senador de las Farc”, dijo a Semana.
Al insistir en que Cepeda era cercano a la otrora guerrilla, Uribe se declaró indignado, “porque yo siento que estoy secuestrado por mentiras, por sesgos. Estoy secuestrado por la complicidad de unos magistrados y del joven senador (Iván) Cepeda, afín a las Farc”.
Cepeda replicó y aseguró que lo dicho por Uribe es “un compendio de mentiras” y calificó las declaraciones del exmandatario como “un rabioso ataque”. El hoy senador del Pacto Histórico ha cuestionado a Uribe por contar con información de inteligencia militar “para hacer daño al proceso de paz de La Habana” y ha llegado a decir que Uribe “ha tenido a lo largo de toda su vida política relaciones inocultables con narcotraficantes y paramilitares: los hermanos Ochoa, Cifuentes Villa y Gallón Henao”.
Este miércoles, en una extensa declaración, el propio Uribe respondió al llamado a juicio y reivindicó que su único afán “fue buscar la verdad y verificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
En ese sentido, se refirió al testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve, un supuesto paramilitar hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, donde –según testigos– operaba un supuesto grupo paramilitar cuando Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Monsalve ha denunciado que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra el senador Cepeda.
“El famoso testigo Monsalve, puesto preso y condenado por la justicia por secuestro y otros delitos durante el Gobierno que presidí, dio la declaración al senador Cepeda en contra de mi hermano y de mi persona, 14 años después de haber terminado mi periodo como gobernador de Antioquia. En otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra”, defendió el exmandatario.
Además, calificó como “evidente” la amistad del senador Cepeda con el testigo Monsalve. “Por lo menos están en evidencia siete reuniones entre ambos. Además, está probado y no refutado que el senador Cepeda intervino para que al testigo Monsalve no lo trasladaran a la cárcel de Valledupar”.
Por ello, el expresidente manifestó que el juicio en su contra “lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia”. Al cuestionar las pruebas en su contra, agregó que “quieren y necesitan igualar a quien hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes”.
Uribe precisó que Cepeda basó su campaña política “en el atentado permanente contra mi honra” y reclamó que abren las puertas de la cárcel en su contra “por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho”.
