Tras dos días de deliberación, los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron ordenar medida de aseguramiento privativa de la libertad contra del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, mientras avanza el proceso en su contra como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
Los hechos se remontan a septiembre de 2014 cuando Uribe radicó en la CSJ unas pruebas sobre las presuntas reuniones del congresista Iván Cepeda con exparamilitares para que testificaran en su contra. Sin embargo, en la investigación, la Corte archivó el proceso contra Cepeda y ordenó uno contra Uribe porque, al parecer, sería la defensa de este la que estaría sobornando testigos para hundir a Cepeda. Seis años después, la Corte emitió una decisión.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, trinó Uribe a la 1:12 p.m. de ayer.
El hecho se regó como polvorín y le dio la vuelta al mundo. Medios internacionales como CNN de EE. UU., BBC de Inglaterra y El País de España abrieron sus portales con la noticia del primer expresidente colombiano que es cobijado con detención preventiva.
Iván Cepeda, reconocido en este proceso como víctima, apoyó la decisión judicial: “Es una fecha sin lugar a dudas fundamental, le otorgamos mucho valor a la decisión de la Corte, que nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. La lección que hoy nos da esa decisión, es que en Colombia no hay personas que estén por encima de la justicia o de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean”.
¿Por qué la decisión?
En un comunicado, la Sala Especial de Instrucción de la Corte sustentó: “Con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga”.
A Prada, la Corte no le dictó medida de aseguramiento, ya que su presunta responsabilidad es en calidad de cómplice y el tamaño de la pena máxima a imponer hace que no cumpla los requisitos para una detención preventiva.
Según los magistrados, “las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él” en contra de Cepeda.
Y añaden que “después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”. Así las cosas, las pruebas que reposan en el expediente que está en la “reserva del sumario” son más abultadas que las ya contenidas en la providencia de 220 páginas emitida por el magistrado José Luis Barceló, que da inicio a este proceso.
Según Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, la defensa de Uribe podría apelar la decisión, posición frente a la cual los magistrados no dieron ninguna explicación.
Lo que sigue en el proceso
La Sala Especial de Instrucción continuará recaudando pruebas para confirmar o desvirtuar los señalamientos por soborno a varios testigos que pesan contra Uribe y Prada.
Luego de ello, como explicó Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, va a llegar un momento en el que la Sala deberá considerar si las pruebas son suficientes para cerrar la etapa probatoria, ahí decidirá si precluye la investigación o acusa al expresidente ante la Sala Penal, en donde se llevaría a cabo el juicio.
Una vez se dicte una sentencia condenatoria o absolutoria, quedaría todavía una segunda instancia ante la Sala de Casación Penal de la misma Corte Suprema.
Inicialmente, apuntó Bernate, el expresidente podrá estar detenido preventivamente por un año, plazo en el cual quedará libre si no ha iniciado el juicio en su contra.
“Esta es una decisión que toma nuestra Corte Suprema de Justicia, que hay que respetar. La Corte considera que hay indicios de que el expresidente Uribe cometió esas conductas, el llamado tiene que ser a respetarla, se comparta o no el sentido de la decisión”. Agregó que en todo el proceso la defensa podrá presentar y rebatir los testigos y a las pruebas.
Para Herrera, “de ninguna manera podemos pensar que se le vayan a violar los derechos a la presunción de inocencia o al debido proceso, esas garantías las mantendrá hasta el final”.
Efectos políticos
Además de ordenar la medida de aseguramiento, aunque el comunicado no lo dice, pero sí la Ley 600 de 2000, la Sala debe pedirle al presidente del Congreso suspender en el cargo de senador a Uribe, para aplicar la orden de captura.
De acuerdo con Cristian Rojas, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de la Sabana, inicialmente se da una suspensión temporal del cargo mientras el senador Uribe esté detenido.
Esa curul sería ocupada por Yenny Rozo, exdiputada de Cundinamarca, primera en la lista del Centro Democrático que no alcanzó cupo en el Senado. Ahora bien, si la medida se revocara, Uribe podría volver a ocupar su curul y si, por el contrario, su proceso terminara en una condena, se le aplicaría la silla vacía.
William Fredy Pérez, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, consideró que la opinión pública está magnificando la decisión de la Corte, “este es un procedimiento judicial ordinario. Es natural que con indicios serios de responsabilidad se tome una medida de aseguramiento para asegurar la comparecencia, así funciona con cientos de colombianos todos los días”.
En su opinión, es posible que el Centro Democrático se fortalezca con la detención de su jefe político y fundador, ya que esta sería una “medalla, otro sacrificio nuevo que tuvo que hacer por amor al país”.
Por su parte, Rojas aseguró que “más allá de su vigencia política personal, está claro que el debate en torno a la figura de Uribe seguirá siendo uno de los grandes temas en la política nacional y así se reflejará en las contiendas electorales de los próximos años.
Esto será aún más contundente cuando se conozca su condena o absolución. No es claro si esto fortalecerá o debilitará al Centro Democrático. Parece evidente que ver a su líder detenido es un golpe mortal, pero también puede remover un uribismo dormido que hace años fue mayoritario”.
En cambio, para Álvaro Tirado, phd en Ciencia Política y profesor emérito de la Universidad Nacional, la medida de aseguramiento en contra del expresidente podría terminar creando más polarización en el país, y podría atomizar incluso al mismo Centro Democrático y al Gobierno, “por eso es que a todo hay que darle sus justas proporciones, esto no es todavía una condena. La polarización no favorece a nadie, con la polarización lo que puede hacer es que se caiga el edificio y en él estamos todos nosotros”.
