La captura en un campamento guerrillero de alias “Violeta”, sospechosa de participar en el atentado con una bomba contra el centro comercial Andino de Bogotá, revivió uno de los expedientes más complicados de los últimos años en Colombia, al que incluso algunos opositores de la Fiscalía calificaron en su momento de “falso positivo judicial”.
Esta historia comenzó el 17 de junio de 2017 en el baño de mujeres del citado establecimiento, donde fue detonada una bomba de amonal, un explosivo compuesto por azufre, aluminio, nitrato de amonio y otros elementos. Murieron Ana María Gutiérrez, Lady Paola Jaime Ovalle y la ciudadana francesa Julie Huynh, mientras que otras nueve personas quedaron heridas.
Según la Fiscalía y la Policía, el atentado fue ejecutado por el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), una célula terrorista al servicio de la guerrilla del ELN, y guardaba relación con otros 14 ataques parecidos perpetrados desde 2015 en distintos sitios de Pereira y Bogotá.
En la primera fase de la operación fueron capturados nueve presuntos integrantes del MRP (cuatro mujeres y cinco hombres), entre los que había abogados, docentes y universitarios (ver recuadro).
De acuerdo con la investigación, los procesados recibieron entrenamiento insurgente y de manejo de explosivos en campamentos del ELN ubicados en la frontera con Venezuela. A pesar de esto, todos se declararon inocentes.
El caso se enredó en las audiencias, pues los jueces de control de garantías consideraron que no había pruebas suficientes para encarcelarlos.
En dos oportunidades los sospechosos han sido liberados y recapturados por cargos de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir; y a la fecha, aunque solo tres están detenidos, todos siguen pendientes del juicio oral.
Varias ONG y algunos defensores de los procesados han calificado este caso como “una persecución política y un falso positivo judicial”.
No obstante, la evidente conexión entre una de las sospechosas y el ELN podría darle un nuevo impulso a la Fiscalía.
¿Socióloga o terrorista?
Cuando se produjeron las primeras excarcelaciones por parte del juzgado, la Fiscalía le pidió apoyo a Interpol para localizar mediante una Circular Azul a Violeta Arango Ramírez, alias “Violeta” o “Tatiana”, quien presuntamente había realizado labores de inteligencia para detonar la bomba.
Su rostro fue publicado en un volante de los más buscados, con recompensa de $20 millones. En ese entonces, la joven de 24 años se defendió en la clandestinidad, por medio de sus allegados, indicando que todo era montaje.
Sus movimientos empezaron a ser vigilados por la Inteligencia militar y EL COLOMBIANO conoció uno de los reportes, que indicaría la forma en que el ELN trató de protegerla.
Según el informe clasificado de la Operación San Pedro IV, “Violeta” fue sacada de Bogotá en 2017 por un guerrillero apodado “Camilo”, integrante del frente Urbano Los Turpiales, quien la llevó hasta el sur de Bolívar. Allí le dio refugio el frente de guerra Darío Ramírez Castro, comandado por Felipe Alcocer Alvarino, alias “Pirry”, quien además hacía parte de la Dirección Nacional de la guerrilla.
La mujer pasó por varios campamentos en Bolívar y el Nordeste antioqueño, donde se relacionó con otros coordinadores insurgentes.
Debido a los operativos militares en la zona, en 2019 “Pirry” decidió protegerla con su escolta personal y ordenó trasladarla al sector Palmachica, en Montecristo, Bolívar, donde se reunió con ella.
