Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega solicitó una millonaria indemnización como reparación por los ocho años que estuvo privado de la libertad, tras ser condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de 12 personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1989.
Respalda su pedido en el fallo de casación de la Corte Suprema de Justicia que en diciembre del año 2016 lo absolvió de todos los cargos con el argumento de que no estaba probada su responsabilidad en el delito de desaparición forzada, en ese momento, además, se ordenó su libertad inmediata.
Según Jaime Granados, abogado defensor, el militar y su familia soportaron por varios años las arbitrariedades de la justicia y la poca garantía para acceder a una efectiva defensa. Por ello, el Estado debe repararlos, dice.
“Su familia, soportó su ausencia, disminuyó y casi anuló su patrimonio destinándolo a su subsistencia que para entonces dependía en gran medida de él, dispuso los recursos necesarios para su defensa, sufrió la tristeza, la ansiedad y el estrés inexorablemente derivados de la privación de la libertad de un ser querido”, se lee en el documento.
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En la solicitud piden declarar “la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación y Nación/Rama Judicial por la detención ilegal, injusta, arbitraria y/o desproporcionada que durante 8 años y 5 meses soportó Luis Alfonso Plazas Vega”, añade la demanda.
El pedido de indemnización fue respaldado por la Procuraduría General, que en comunicación enviada a los magistrados del Tribunal argumenta que están fundamentadas las peticiones de Vega y las razones por las cuales debe ser reparado.
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“De acuerdo con el material probatorio, las pruebas y la sentencia de casación, quedó demostrado que el demandante no tenía siquiera la competencia para ejecutar las conductas de las que se le acusaba. Lo que suponía una razón de peso para considerar que no era proporcional, apropiada ni razonable la medida de privación de la libertad. Considerando además que los supuestos indicios graves en los que se fundamentaba la medida, tampoco fueron desarrollados adecuadamente por la Fiscalía”, dice el órgano de control, al emitir concepto favorable.
