La próxima semana, justo el jueves 3 de octubre, expira el contrato entre el Gobierno y la firma Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes en Colombia. Desde ese día, con miras a que haya una mayor participación del Estado, arrancará una nueva fase en la que el Ejecutivo promete no solo hacer más fácil y ágil el trámite, sino ofrecer un mejor servicio que beneficie a los colombianos, entre ellos, una reducción en los costos del documento, que pasará de $207.000 a $180.000.
Lo hará de la mano de Portugal, aliado extranjero que contribuirá a dejar una infraestructura instalada buscando que, a partir de 2025, la Imprenta Nacional pueda asumir de lleno la impresión de los pasaportes. Sin embargo, los mentados cambios en el servicio podrían terminar costándole de más al bolsillo de los colombianos.
Así lo alertó José Antonio Salazar, quien fuera secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y quien en su momento levantó polvareda luego de que decidió, a través de una resolución, adjudicar el millonario contrato a la multinacional Thomas Greg & Sons. Por ello, fue señalado por el propio presidente Gustavo Petro de “traición” y fue declarado insubsistente.
Lo cierto es que, al revisar los documentos que reposan en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), Salazar determinó que, a diferencia de la licitación que fue declarada desierta –que justamente desató la demanda de Thomas Greg– y el contrato de urgencia que firmó el entonces canciller Álvaro Leyva, el nuevo modelo le costará a los colombianos $2.800 millones de más cada mes.
La advertencia fue recogida por el periodista Daniel Coronell en la emisora W Radio. Los documentos indican que el contrato suscrito por el hoy canciller Luis Gilberto Murillo, que tiene una vigencia de 11 meses, costará mensualmente $18.807 millones. A ello se suma que la formalización de los pasaportes costará cada mes $419'691.743 y que se tendrán que contar 80 funcionarios más para asumir tareas que antes realizaba el contratista.
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Sin embargo, según Salazar, la licitación que fue declarada desierta, cuya vigencia era de 36 meses y ascendía a cerca de $600.000 millones, mensualmente costaba $16.656 millones. Por otro lado, el contrato de urgencia al que tuvo que acudir el excanciller Leyva, por 12 meses, costaba mensualmente $16.574 millones.
A principios de mes, el canciller Murillo confirmó que Portugal contribuirá a construir una planta que operará la Imprenta y que estará lista en ocho o siete meses. “En 10 años se le entrega esta planta totalmente a la Imprenta. Si este modelo se hubiese implementado antes, en 20 años que tenemos de inversión, ya tendríamos una planta que no tenemos, porque no le dan autonomía al Estado”.
En esa línea, destacó el acuerdo alcanzado con la firma Thomas Greg & Sons: “Ahí hay todo un proceso acumulado, que controla información del Estado, pero tenemos que hacer un empalme serio. No son simplemente uno o tres años de implementación de ese modelo, sino que son cerca de 17”.
Murillo, quien insistió en que se seguirá prestando el servicio de pasaportes “con total normalidad”, se refirió al nuevo modelo que implementará la Cancillería, de la mano de Migración Colombia y la Imprenta, para asumir el proceso de impresión y expedición de pasaportes.
“La segunda fase es de transición, es un cambio de modelo. Lo vamos a iniciar el próximo 3 de octubre. En esa fase, ya la información de los colombianos estará manejada por el Estado y todo el proceso, excepto la impresión de las tarjetas de los pasaportes (que requiere una infraestructura que es una planta)”, señaló, precisando que en la tercera fase se contará con la planta de impresión.
“Hemos planteado una alianza con un gobierno que nos ofrezca las mejores condiciones, en un modelo de cooperación internacional y recursos donados para la Imprenta, Cancillería y Migración”, agregó.
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El canciller explicó que desde su llegada al despacho sabía “de la situación que se generó por la producción de pasaportes y sabíamos que iba a ser un desafío”. Por ello, ratificó que de la mano de su equipo buscó las mejores alternativas de solución y que tuvo la oportunidad de hablarlo tanto con el presidente Gustavo Petro como con el excanciller Álvaro Leyva.
