El ente de control advirtió que en el proceso para contratar los servicios de transporte aéreo de la petrolera hubo modificaciones frente a los años de experiencia, las condiciones y la idoneidad del contratista.
La Procuraduría General elevó este jueves un llamado de alerta ante “serias inconsistencias” en la contratación de los servicios de transporte aéreo por helicóptero para Ecopetrol.
Según el Ministerio Público, hay alarma frente al proceso de selección del contratista, en particular, frente a cambios técnicos, jurídicos y sobre los requisitos a la experiencia de las empresas participantes.
“Resulta incongruente que el método de elección en donde se establecen requisitos técnicos, jurídicos y financieros sean modificados con respecto a anteriores procesos de contratación aplicados por la empresa estatal, desconociendo su propio marco normativo de contratación”, reclamó la Procuraduría.
En ese sentido, el ente de control sostuvo que tras una visita realizada el pasado 23 de mayo a Ecopetrol, se requirió información sobre los años de experiencia que debe tener la empresa a contratar.
No obstante, la Procuraduría determinó que “tan solo” exigieron un año de operaciones helicoportadas y 1.200 horas de operación en las aeronaves ofertadas, lo que genera “ciertas dudas y enorme preocupación en este aspecto”.
Por otro lado, el procurador primero delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, alertó que en el proceso de selección tampoco se encontraron publicadas en el SECOP II las reglas particulares del método de elección “vulnerando, de esta forma, los principios de publicidad y transparencia consagrados en la Constitución Política”.
A lo anterior se suman cuestionamientos sobre el proceso que estructuró Ecopetrol frente a la lista de empresas participantes y los mecanismos bajo los cuales se garantiza que estos contratistas cuentan con la idoneidad y experiencia para la prestación del servicio de transporte en helicóptero.
Por todo ello, el ente de control llamó la atención a la empresa petrolera “para que ajuste el proceso de selección con el fin de evitar improvisaciones que vayan en contravía de la transparencia, el patrimonio público y los rigores de la contratación estatal”.
