Para el presidente Gustavo Petro, “el poder constituyente ya arrancó”. Aunque no se sabe cómo ni cuándo ni dónde, el jefe de Estado insiste en que su idea de proceso constituyente es algo que el pueblo -un término etéreo que Petro utiliza para referirse a sus propias bases políticas y no a todo el país- debe decidir por acción propia. En su última entrevista con Noticias RCN, el mandatario dejó una vez más varias dudas sobre su capacidad de limitarse a los conductos de las instituciones.
“La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca a él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. El poder constituyente ya arrancó, tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones, decide, no protesta, y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal, como la constitución del 91. Puede que ni yo lo vea. Yo los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido (...) sin contenido, no hay forma”, dijo Petro desde una casa artesanal de madera en un barrio humilde de Cartagena. A su lado, una mujer embarazada en condición de pobreza asentía.
Desde que Petro sugirió un viernes al final de la tarde sobre una tarima de Puerto Rellena que el “país debía ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente”, ha mencionado el tema casi que en todas las regiones a las que ha ido a dar discursos en una apretada agenda de viajes por los territorios. Solo la semana siguiente a esa dura declaración en los alrededores de Cali, el presidente visitó tres departamentos, casi 10 municipios, y así lo ha seguido haciendo de manera permanente, especialmente por regiones de la Costa y Antioquia.
Petro migró del término “Asamblea Nacional Constituyente” de su primera declaración, hacia el “proceso constituyente” que es mucho menos diáfano de acuerdo con la exactitud de los conceptos en la Constitución del 91. Eso, entre líneas, podría significar que el jefe del Estado está dispuesto, como lo han dicho expertos abogados a este diario, a realizar un proceso “extraconstitucional” que no contemple el mecanismo reglado para llamar a realizar una nueva Carta Política. ¿Podría tratarse de un golpe de Estado?
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En ciencia política y en estudios constitucionales, los constituyentes son el pueblo soberano que elige organizarse para acordar las normas en sociedad; la fuerza social que acompaña las transformaciones, y los constituidos son los elegidos con ese mandato para decidir en representación del pueblo.
Bajo esas bases conceptuales, sigue siendo difícil leer el camino que el presidente tiene pensado para su idea de lo que podría ser un proceso constituyente. Hasta ahora no hay ningún proyecto de acto legislativo presentado al Congreso, tampoco ningún decreto de conmoción interior que lo permita, y, según dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el Gobierno no está preparando un acto administrativo para llamar unilateralmente a una constituyente sin pasar por las instituciones.
El camino de la Asamblea
El camino es ya ampliamente conocido desde que el presidente mencionó por primera vez el término. Para que pueda haber una Asamblea Nacional Constituyente el Gobierno tiene que pasar un proyecto de acto legislativo que tiene que contar con los votos afirmativos de 53 senadores y 95 representantes, conseguir la aprobación previa de la Corte Constitucional, aunque esta es de forma, y luego llamar a las urnas en donde tiene que lograr 13.5 millones de votos que obedecen a la mitad del censo electoral vigente. El presidente Gustavo Petro nunca ha alcanzado esa votación. Esto sin contar que el Gobierno se encuentra próximo a cumplir dos años, y sin duda una apuesta por ese camino, que significa una enorme logística y una organización del Gobierno en torno a la campaña política de la Constituyente, le quitaría tiempo valioso para entregar resultados prácticos conforme a su Plan Nacional de Desarrollo.
¿Golpe de Estado?
Ante las incertidumbres que deja el propio mandatario, el país político volvió a presentar todas las alertas. El primero en hacerlo fue el expresidente Álvaro Uribe, a quien la Fiscalía, en la administración de Luz Adriana Camargo, anunció que llamará a juicio durante los próximos días. “Me he atrevido a decir que la propuesta constitucional del presidente Petro no tiene ningún asidero, como sí lo pudo tener la convocatoria por decreto de excepción de la Constitución del 91. La Constitución del 86 tenía más amplitud en cuanto a las posibilidades de los decretos de estado de sitio. (...) hoy no se puede porque todo el ejercicio popular, todas las expresiones de democracia participativa estás rigurosamente reglamentadas en la Constitución. No puede el presidente Petro inventarse un mecanismo diferente para convocar una Asamblea Constituyente. Eso sería un claro golpe de Estado”, dijo Uribe en la primera declaración pública con esa advertencia.
Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, Humberto Librado, es claro que la situación actual no puede equipararse a la de 1991, en donde había un contexto político que hacía necesaria la constituyente por todos los problemas exacerbados del país.
”El presidente sostiene una tesis en la que busca apoyarse en la noción de la multitud o el pueblo como poder constituyente que contiene en sí mismo el poder de constituir aquello que considera válido. En este sentido, cada asamblea constituyente reclama una suspensión del orden establecido. Visto desde distintas perspectivas teóricas todo evento de reforma constitucional encarna una condición de excepción y sustitución temporal del poder, de modo que aquello que tiene de excepcional el procedimiento pudiera ser regulado y siguiera un conducto resultante de un acuerdo entre los distintos actores de la vida política nacional. Esta concepción se hace muy diferente de la situación actual a la del contexto del 91”, dice Librado.
“Desde lo institucional, es claro que buscar caminos distintos a los establecidos legalmente da cuenta de comportamientos autoritarios y lleva a que el proceso se imponga sin contar con los mecanismos previstos. Probablemente para el presidente y sus seguidores sea la oportunidad para la emergencia del verdadero poder constituyente que tiene la capacidad de decidir sobre el poder constituido. A mi juicio, una visión democrática implica varias miradas y procesos que evidencien las múltiples posibilidades de existencia y no solo aquellas que se consideran las verdaderas o más justas”, agrega el experto.
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Los debates del Congreso
De otro lado, está la situación en el Congreso. Allí el Gobierno ha tenido una agenda contrarreloj y muy distante a sus ambiciones. Uno de los factores más importantes en esa falta de concreción, es la pelea directa del mandatario con el presidente del Senado, Iván Name. Este último ha suspendido varias sesiones de plenaria en donde se debaten las reformas más importantes del presidente por comentarios previos de Petro. La última fue una sesión en donde se iba a debatir la reforma pensional. El presidente ha dicho de manera directa que las EPS financiaron senadores de la Comisión Séptima -que archivó la reforma del Gobierno- y Name ha contestado pidiendo respeto, pero incluso llegando a alertar sobre el uso de “las armas del Estado”.
Sin embargo, esta situación cambió en la tarde de este lunes cuando, luego de un almuerzo en la Casa de Nariño, se conoció que una parte importante de la bancada de lis liberales en el Senado acordó con el Gobierno apoyar la reforma pensional con una modificación clave: que el umbral de cotizaciones obligatorias a Colpensiones sea de hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y no de 3, como originalmente proponía el Gobierno.
Este consenso es determinante porque demuestra que si el Gobierno logra acuerdos para pasar sus reformas, no existiría tal bloqueo al que se refiere el presidente y sobre el cual argumenta la necesidad de una constituyente para hacer los cambios que el pueblo eligió, según su narrativa. La pensional está en segundo debate en plenaria de Senado y, de ser aprobada allí, le faltaría recorrer dos debates más en la Cámara para convertirse en ley.
El profesor y abogado Carlos Prieto, opina que la idea de la constituyente se trata más de un discurso con el que el presidente busca evadir el fracaso de sus políticas y tener un culpable identificado. “El presidente viene de una corriente ideológica que es muy dada al uso de los eufemismos para disimular sus intenciones, o no generar un “ruido” que pueda afectar sus planes. Sin embargo, ese proceder ya está muy visto, y lo que estamos presenciando en estos días es una especie de radicalización de último recurso, a sabiendas de la inviabilidad de sus propuestas y de lo evidente de sus intenciones”, explica.
El “check and balance”
Finalmente, el Gobierno tiene un camino difícil por el mecanismo de pesos y contrapesos que tiene el poder en Colombia, justamente establecido en la Constitución del 91. La Corte Constitucional le ha tumbado a Petro varios de sus decretos como los de la emergencia en La Guajira, artículos de la reforma tributaria y le ha ordenado al Ministerio de Salud pagar las deudas del sistema. El Consejo de Estado también ha anulado importantes designaciones del Pacto Histórico en el Congreso, como la de María José Pizarro en la Vicepresidencia del Senado, y es probable que vengan decisiones sobre tutelas y demandas en contra de las intervenciones de la Superintendencia de Salud a por lo menos tres EPS la semana pasada.
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Lo que está por verse es si, tal como sucedió en Venezuela, el país predilecto de Petro para sus visitas de Estado -seis hasta ahora-, y como decía Maduro hace varios años, “la constituyente es una constituyente del pueblo y no de los partidos”. La pregunta es si para el presidente el pueblo es su pueblo, o si ese concepto reúne a todos los ciudadanos del país.
Por lo bajo, Petro busca diálogo
Zanahoria y garrote podría ser la estrategia que el presidente está utilizando en este momento, tras una serie de reuniones con los sectores políticos y actores principales con los que ha tenido las controversias más duras en los últimos meses.
Luego de anunciar en la entrevista de Noticias RCN que “importa más el contenido que las formas” frente a su propuesta del “proceso constituyente”, el propio mandatario anunció un listado de conversaciones de 100 horas con las EPS. Una fuente de Palacio confirmó a EL COLOMBIANO que se trata de reuniones para tratar de generar consensos entorno a la reforma a la salud y que iniciarían esta misma semana. La Agremiación de Empresas Prestadoras del Sistema de Salud (ACEMI) confirmó que sus miembros asistirían a la convocatoria.
Esta reunión ocurre solo dos semanas después de que la Superintendencia de Salud inició con un ciclo de intervenciones a Sanitas (6.9 millones de afiliados); Nueva EPS (10 millones); y SOS EPS (700.000 afiliados), pero además con incertidumbre en prácticamente todas las aseguradoras porque, como lo dijo Félix Martínez, el director de la ADRES a este diario, el Gobierno estima que solo cinco EPS cumplen con los indicadores y las condiciones de habilitación financiera.
Aún no es muy claro qué pueda surgir de esa reunión, cuando además lo que sí es cierto es que la reforma del presidente ya fue hundida en su tercer debate en el Senado antes de llegar a plenaria.
De otro lado, este lunes se conoció que el Gobierno logró un consenso importante en un almuerzo con buena parte de la bancada del Partido Liberal de cara a la reforma pensional. El presidente se había mostrado enfático la semana pasada en que su administración debía mantener la línea roja de los tres salarios mínimos como cotización obligatoria a Colpensiones, pero el acuerdo terminó en ceder 0,8 puntos hasta ubicarse en 2.3 salarios con cotización obligatoria al fondo público.
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Esto es importante porque abre la puerta a que la pensional pueda ser aprobada en segundo debate de plenaria en el Senado, a falta de una vuelta de dos debates más en la Cámara de Representantes. Aunque Asofondos se quejaba de que llevar las cotizaciones obligatorias a Colpensiones hasta por tres salarios mínimos dejaría sin flujo de capital a los fondos privados, el consenso sobre 2.3 salarios se acerca a la propuesta de la ponencia alternativa por parte de la senadora Norma Hurtado del Partido de La U y podría hacer que ese partido se sume también con los liberales.
Al mismo tiempo que el Gobierno muestra sus primeras presentaciones de zanahoria tras largos garrotes, como los de las intervenciones a la EPS, el presidente insiste en calentar el discurso del proceso constituyente que pone en ansiedad al país político porque nadie sabe todavía a cuál mecanismo se refiere el mandatario.
