¿Cuáles son los pendientes de la JEP?
“Hay varios temas que me preocupan. Primero, tenemos que dar unos avances importantes en el caso 011, que es el caso de violencia sexual y reproductiva.
Igualmente, en el macrocaso número 9, que son las violencias cometidas contra pueblos étnicos, esos casos, digamos, merecen una particular atención porque son deudas históricas de la sociedad colombiana.
También hay que avanzar en la expedición de las sentencias, que tienen sus complejidades en cuanto a las sanciones propias. Y finalmente, pues, culminar los otros macrocasos”.
Usted mencionó durante su posesión que el tiempo corre en contra, ¿la JEP plantea hacer uso de esos cinco años más de prórroga que se contemplaron desde la creación del tribunal?
“La JEP tiene un plazo de 15 años, de los cuales llevamos 6 años y medio. Son 10 años para la investigación y 5 para los juicios.
Lo más urgente es terminar la fase de instrucción. Ya después miraremos en los cinco años de los juicios si se va a requerir más tiempo o no. Creo que es demasiado prematuro para decir que se van a requerir”.
Ya los máximos responsables están imputados, ¿cuál va a ser el plan de acción para lograr que la sala de definiciones evacue la mayoría de comparecientes que no son máximos reemplazables y que sea definida la situación jurídica de ellos?
“La sala de definición ha adoptado una metodología de dividirse por regiones, precisamente, para agilizar esa situación de los no máximos responsables. Igualmente se vienen realizando múltiples audiencias de aportes a la verdad, que son elementos fundamentales para poder hacer las renuncias.
Estas renuncias, digamos, no son amnistías. Implican contar la verdad y realizar algún tipo de restauración de derechos a las víctimas.
Eso ha tomado tiempo porque estamos hablando de más de 700 personas que han sido ya remitidas a la sala de definición”.
¿Por qué en el macro caso de la Unión Patriótica todavía no hay imputaciones?
“En el caso 06 se ha venido avanzando con dificultades porque el tema es que son hechos muy antiguos. Varios comparecientes han fallecido y otros ya están muy mayores. Se espera que en el menor tiempo posible ya vengan las imputaciones”.
¿Ya habló con el presidente Gustavo Petro?
“No”.
¿Pero planean reunirse?
“El encuentro todavía no está agendado, pero creo que en algún momento habrá que agendar esa reunión para mirar varios temas del futuro de la Jurisdicción”.
¿La discusión que planteó el Gobierno de buscarle el cierre a la JEP ya quedó zanjada?
“Otty Patiño, el alto comisionado, hizo las claridades correspondientes, pero además el mandato de la JEP está en la Constitución y para realizar cambios tendrían que modificarla. Por el momento nosotros estamos cumpliendo nuestro mandato y nuestros tiempos tal y como están en la Constitución”.
¿Cómo va a tramitar las discusiones que puedan surgir nuevamente con el Gobierno?
“Yo espero que tengamos las mejores relaciones. Lo que sí está claro es cuáles son las competencias de cada uno.
Por ejemplo, en el tema de las sentencias yo creo que hay que enfatizar que hay una corresponsabilidad. Hay mucho interés de la sociedad en el tema de las sentencias, pero según el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno también tiene que ayudar.
No es solamente una responsabilidad nuestra como jueces la admisión de las sentencias, sino que el componente de los proyectos restaurativos está a cargo del Gobierno.
Ese es un tema digamos en el que hay que insistir porque nosotros no somos los encargados de diseñar el proyecto, financiar el proyecto, vigilar todo el proyecto, sino que lo que tenemos es que certificar que ese proyecto se ajuste a las demandas de las víctimas”.
¿Cómo tomó la decisión del último secretario de las Farc de renunciar a la presunción de inocencia?
“Ellos renunciaron a las imputaciones que ya tienen, que es básicamente en el caso del secuestro. Ellos ya han aceptado su responsabilidad. No hay ninguna novedad allí, porque ellos ya se interesaron en el reconocimiento cuando se formuló la imputación.
Obviamente se valora positivamente, pero es algo que ya había pasado. Y eso tampoco cambia las dificultades para la sentencia”.
¿Cómo van a tramitar los descontentos de los exFarc con la JEP?
“Sí, hay diferentes reclamos que ellos han presentado de diferente naturaleza y para eso hay unas mesas técnicas que ya han venido funcionando. Mi objetivo es seguir absorbiendo esas dudas, esas inquietudes a través de las mesas técnicas que ya vienen funcionando”.
Aprobaron la llegada de 38 magistrados auxiliares, ¿están dando resultado?
“Tenerlos era una necesidad apremiante, porque las salas estaban desbordadas de trabajo y ellos han hecho una enorme labor.
Este grupo de magistrados ha venido a ayudar a solventar esas dificultades”.
En septiembre pasado se conoció una denuncia entre la Comisión Vigilante Judicial contra la magistrada Sandra Castro por denuncias de presunto acoso laboral. ¿Cuál va a ser su postura frente a estos casos?
“Obviamente es una preocupación nuestra el tema del ambiente laboral, y no hablando de ningún caso concreto, hay que mantener un buen ambiente laboral.
Sí, ya se han presentado algún tipo de denuncias, pues ya serán las autoridades competentes las que finalmente deciden. Yo en eso no quiero tomar ningún tipo de posición, porque eso ya está ante una autoridad competente. Simplemente insistir en que el tema del buen clima organizacional, pues obviamente es uno de los objetivos que tengo como presidente”.
Déjeme preguntar por Antioquia, ¿hay avances en el tema de la escombrera?
“Se ha venido avanzando precisamente en estas labores de remoción de miles de toneladas de tierra. No tengo conocimiento de que se hayan encontrado todavía cuerpos”.