El Juzgado 29 de Ejecución de Penas de Bogotá negó la libertad condicional al exministro Diego Palacio Betancourt, condenado por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en la ‘Yidispolítica’, y quien había solicitado acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz.
En auto emitido hoy, el Juzgado negó la libertad transitoria y condicionada que había solicitado el exministro, según se lee en el sistema de la Rama Judicial.
“Palacio Betancourt - Diego: negar la libertad transitoria condicionada y anticipada”, dice el sistema
Palacio Betancourt fue condenado a seis años y seis meses de cárcel por el delito de cohecho, por haber ofrecido prebendas a cambio de votos para asegurar la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
En este caso, la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz había enviado al juzgado la petición que hizo el exministro de Salud de acogerse a la JEP.
Se trata de una carta de 20 páginas en la que Palacio señala que la condena dictada en su contra por la Corte Suprema de Justicia, asegura que el delito que le endilgaron se dio para lograr la reelección presidencial.
“Así como la razón motivadora de la conducta punible a mí endilgada, según la Corte Suprema, fue permitir la reforma al régimen constitucional vigente, la principal motivación para reelegir al Gobierno del presidente Álvaro Uribe fue darle continuidad a su política de Seguridad Democrática, eje central de la plataforma 2006-2010, para con ello consolidar la estrategia que se creía exitosa en combatir los grupos al margen de la ley y el flagelo del narcotráfico”, dice la misiva.
Cabe recordar que, en este caso, el Secretario Ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, señaló que había considerado remitir la petición a los jueces por no ser una instancia para decidir de fondo.
“Yo asumo la responsabilidad y decidí que había lugar a remitir, a suscribir el acta”, dijo Correa el pasado 4 de abril.
En varias entrevistas, Diego Palacio indicó que, en su criterio, había suficientes argumentos jurídicos para acogerse a la JEP.
“Yo creo que hay los suficientes argumentos jurídicos que cumplen con lo que exige, tanto el acuerdo como la ley y el acto legislativo. Sin ninguna duda existen esos argumentos jurídicos, lo que pasa es que yo creo que acá mataron el tigre y nos estamos asustando con el cuero”, explicó en su momento Palacio.
