La exsenadora colombiana Aida Merlano comenzó a declarar ante la justicia venezolana este jueves. La espectacularidad de sus declaraciones, sobre las que no presentó pruebas, dejaron en segundo plano varias preguntas sobre el rumbo que está siguiendo su proceso en ese país.
Merlano, quien fue recapturada en Venezuela el pasado 27 de enero, 4 meses después de su cinematográfica fuga en Colombia en medio de una cita odontológica, acudió este jueves a una audiencia especial en el Palacio de Justicia de Caracas, la cual fue cubierta con detalle por la Agencia Venezolana de Noticias, espacio de información oficial del gobierno de Nicolás Maduro.
Lea también: La sinsalida de Aida Merlano
Previamente, el traslado de la detenida a la cárcel de El Helicoide en Caracas ya había sido transmitido en vivo por el propio Maduro. Repitiendo este despliegue mediático, Merlano llegó este jueves a la audiencia sin esposas y con ropa formal, elegante.
Una vez en el recinto judicial, la excongresista se refirió, sobre todo, a sus asuntos en Colombia: el caso de compra de votos por el que fue condenada en Colombia en septiembre de 2019, su fuga cerca de un mes después y, según ella, un rapto del que fue víctima después de esto y del que dijo haber escapado.
Merlano dijo estar “abierta a denunciar toda la corrupción que hay en Colombia a través de los medios de comunicación” y pidió ayuda a Maduro: “Le digo al presidente de este país que si este caso debe llevarse a instancias internacionales, me ayude”.
Sin embargo, sus declaraciones no abordaron los delitos por los que en realidad está imputada en Venezuela, relacionados con su entrada ilegal a ese país luego de su fuga en Colombia: usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.
Lea también: Video: El traslado de Aida Merlano a una celda en Caracas
Para Leonel Ferrer, abogado venezolano y profesor de la Universidad Central de Venezuela, la actuación de la justicia venezolana es “irregular”.
“Merlano no puede ser juzgada por compra de votos en Venezuela, al ser un delito que cometió en Colombia. Lo que creo es que el gobierno de Maduro está pretendiendo usar este caso como un mecanismo de presión, para que el gobierno colombiano restablezca relaciones con él”.
Su lectura es compartida por Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario: “Está dando declaraciones que no tienen nada que ver con las causas por las cuales se encuentra detenida. Esto llama la atención, pues cuando se hacen juicios contra miembros de la oposición pasa todo lo contrario: se cierra el acceso a los medios, no se permiten audios ni declaraciones y hasta se limita el papel de los defensores”.
De fondo, Merlano sería una herramienta de una disputa superior a ella. Una en la que, a su manera, también ha caído el gobierno colombiano, el cual solicitó la extradición de la excongresista al líder de la oposición Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente, pese a que en la práctica este no puede hacer nada al respecto.
“Fue una forma de enviar un mensaje político de respaldo a Guaidó”, señala Ferrer. “Es un asunto más político que jurídico”, agrega.
Esa conclusión, de alguna forma, da cuenta de las prioridades de ambos gobiernos.
Los asuntos por resolver en Colombia
En Colombia, más allá de la disputa diplomática, el prontuario de Merlano es claro: la aliada de la casa política de los Gerlein en la costa atlántica fue detenida el mismo día que fue electa como congresista, el 11 de marzo de 2018, cuando miembros de la Dijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía encontraron en su sede de campaña, conocida como la Casa Blanca, listados y planillas de personas y 268 millones de pesos en efectivo.
Merlano fue condenada en septiembre de 2019 a 15 años de prisión por compra de votos, pero cerca de un mes después se escapó por una ventana de un consultorio odontológico, mientras asistía a una cita que había pedido estando en la cárcel.
Sus antiguos aliados políticos, entre los que también se cuenta la casa Char, fueron precisamente el objeto de sus declaraciones este jueves.
La excongresista, en efecto, le debe detalles a la justicia colombiana sobre cómo operaba su red de compra de votos. Sin embargo, que estas explicaciones lleguen mientras está detenida en Venezuela, en medio de un pulso internacional, invitan a dudar de la independencia de esas palabras.
