Uno de los gremios de salud que estuvo con los ojos puestos encima de las finanzas de las entidades promotoras de salud (EPS) fue Acemi, que reúne a diez de estas (entre las que están Sura y Compensar). En entrevista con EL COLOMBIANO, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, se refirió a la solicitud de desmonte progresivo de Sura y de lo que viene para la salud en el país.
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¿Hasta qué punto el anuncio de Sura, como el de Compensar, es responsabilidad de la crisis estructural del sistema de salud y hasta cuál de la llamada “crisis explícita” del Gobierno?
El sistema de salud viene atravesando dificultades con posterioridad a la pandemia que son innegables y que recibió el Gobierno. Pero también es cierto que con este Gobierno se agudizó la crisis por el cambio o el anuncio de cambio de modelo que hicieron en campaña. El presidente Petro ya ha iniciado una crisis sobre el cambio diametral de modelo que generó enorme incertidumbre alrededor de lo que venía para el sistema de salud y posteriormente esa reforma tan poco discutida, no concertada, que se presenta a espaldas del sector y que genera la enorme discusión que hubo durante ese trámite legislativo. En segundo lugar, hay una serie de decisiones asociadas al financiamiento que tampoco se han tomado oportunamente. El cálculo de la UPC se ha hecho sin reconocer realmente el nivel de gasto que está corriendo el sistema, que está gastando, y esa UPC no está siendo capaz de reconocer ese valor y adicionalmente pues hay una demora en el tema de presupuestos máximos que ha agudizado la situación financiera. Entonces los sistemas siempre están en crisis, yo creo que cada gobierno tiene que asumir su pedazo de la crisis y no echar la culpa hacia atrás. A este gobierno le tocó particularmente la pospandemia y las presiones propias de un sistema que venía estresado. En lo que refiere a las medidas que ellos pueden tomar y que solamente responden o conciernen al Ejecutivo, pues no se han tomado. Creo que eso es lo que tiene hoy al sistema en la crisis actual en la que estamos.
¿Qué factores tienen a las EPS hoy, como en el caso de Sura y Compensar, pidiendo salir del sistema?
Los colombianos venimos consumiendo más servicios de salud con posterioridad al covid, evidentemente porque había un retraso en atenciones, la gente se pone al día en sus atenciones apenas salimos de la pandemia. Ahí vemos una dependencia en el aumento de las frecuencias, pero también hay otros factores que los están viendo todos los sistemas de salud asociados con el envejecimiento de la población, la mayor carga de enfermedad y el aumento de las tecnologías. La realidad es que hoy los sistemas de salud, en el caso del colombiano, más de 20 billones de pesos se dedican a tecnologías en salud que le están exigiendo al sistema cada vez más y más gasto. La UPC, por cada colombiano, equivale a cerca de 1.4 millones de pesos al año promedio, esos son 300 dólares para un plan de beneficios que es prácticamente ilimitado. Entonces, los recursos no están siendo capaces de cubrir esa demanda. Pero, adicionalmente, hay un tema de diseño en el sistema que tiene que ajustarse y que tiene que ver con la distribución de la población entre las EPS. Entre ellas tienen una carga de enfermedad distinta. Es decir, hay EPS que tienen más viejos, otras que tienen más enfermos y otras tienen pacientes de alto costo.
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Una EPS que tenga una mujer de 40 años con un cáncer de seno avanzado y tiene que emplear en ella tratamientos costosísimos, recibe como UPC el mismo valor que una EPS que tiene esa misma mujer de 40 años sana. Hay ajustadores en algunas enfermedades, que es lo que hace la cuenta de alto costo, tal vez cáncer no es el ejemplo más preciso. Pero hay otras enfermedades que no tienen esos ajustadores.
Entonces, lo que se ha planteado es el diseño del sistema tiene que ser capaz de reconocer que cuando yo administro o gestiono más enfermos, pues tengo que tener una prima diferencial. También, por ejemplo, sucede lo mismo en los territorios. Es decir, llevar salud a los territorios no es lo mismo que llevar salud a la ciudad y los diferenciales que hay en la UPC no alcanzan a reconocer lo que realmente vale. Entonces, hay unas conversaciones de carácter técnico o económico que son las que deberíamos estar dando en el país con el Gobierno para asegurar el correcto financiamiento. El problema es que para el Gobierno, el problema del financiamiento se reduce a dos afirmaciones. Uno, que la salud es un negocio para los privados. Y dos, que los privados usan de forma opaca los recursos de la salud.
Desde esa aproximación a la conversación no ha habido realmente un diálogo técnico. Ha habido un diálogo más bien cargado de esa idea preconcebida y muy afianzada en ellos. Por eso no ha sido posible que, a pesar de haberle demostrado al Gobierno con cifras que los recursos no están alcanzando, pues no haya la decisión firme de ajustar la UPC y de financiar adecuadamente el sistema.
A su manera de ver, ¿el Gobierno tiene un plan B para los millones de afiliados que podrían quedar sin EPS?
Uno esperaría que tengan un plan B, porque ya vimos lo que pasa cuando se implementan modelos sin la debida precaución como ha pasado con los maestros en las últimas semanas. Y hemos visto un modelo improvisado que pretende cambiar de la noche a la mañana algo que probablemente está funcionando mal, pero entonces si lo voy a cambiar, pues lo cambio para que funcione mejor, no para que empeore, pues sería el riesgo que tendría esta población. No perdamos de vista que el Gobierno tiene ya entre las siete EPS intervenidas más de 25 millones de afiliados.
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Usted mencionó que el daño que se estaba presentando en el sistema de salud es irreparable. ¿Hasta qué punto es así y se puede hacer algo para corregir?
Creo que el modelo de aseguramiento como lo conocíamos, operado por privados a través de unas EPS, hoy no es un modelo vigente porque no se conoce, no hay antecedente de intervención que haya devuelto la EPS a sus propietarios y que vuelvan otra vez a ser sus dueños quienes operan las entidades. Entonces, hago esa afirmación porque cuando decimos que siete de cada diez colombianos hoy dependen del Estado para su atención en salud, pues yo lo que estoy viendo es que esos privados que antes estaban detrás de esas EPS, que antes estaban detrás de esa atención, pues difícilmente van a volver a estar como aseguradoras en el sistema, muy seguramente terminarán en liquidaciones y traslados de esos usuarios. Ese capítulo del sistema ya cambió. Ahora, pues creo que tampoco se trata de que no haya futuro. Más allá de las EPS es cómo se protege a la población colombiana. La gran responsabilidad que tiene ahora el Gobierno es, frente a esa población que tiene bajo su gestión. Asegurar que le presta de forma ininterrumpida los servicios de calidad, que son servicios oportunos y que lo financia adecuadamente. Hasta hace unos meses la culpa era de las EPS, el planteamiento ahora es: ya están en manos del Gobierno, entonces la responsabilidad es de ellos.
A este paso, ¿van a quedar EPS que se conviertan en gestoras en la reforma a la salud que el Gobierno quiere volver a presentar?
Ese escenario era factible cuando había EPS con capacidad de transformarse. Hoy, creo que cada vez son menos. ¿Quién tendría que tomar la decisión de transformarlas? La realidad es que el Gobierno ya tiene la mayoría de las EPS y la mayoría de la población. Quien tendrá que tomar la decisión de si se transforman o no en ese nuevo modelo es realmente el Gobierno. Creo que hoy la discusión no es la reforma. La discusión debería ser cómo se logra un acuerdo con todos los actores, con todos los sectores, sobre los temas que se requieren, sobre asuntos que necesita el sistema de manera urgente para su ajuste. Y uno sí esperaría que eso convocara una gran conversación para un proyecto de ley nuevo el 20 de julio. Pienso que hoy esa reforma, como la planteó el Gobierno para transformarse en gestoras y las EPS acudieron a buscar la mejor manera de permanecer, pues ha perdido valor, porque ya por lo menos dos de las grandes que estaban ahí sentadas en esa conversación, que eran Compensar y Sura, no estarán.
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