El mandatario firmó un decreto que extiende una bonificación a servidores públicos del Ministerio de Trabajo; sin embargo, la ambigüedad en la redacción daría vía libre a que se amplíe a más funcionarios. Ministerio de Hacienda lo niega.
Hace cerca de ocho meses, a finales de marzo, el gobierno de Gustavo Petro sacaba pecho y destacaba con júbilo hinchado un decreto en el que establecía un pomposo “plan de austeridad” para 2023. Sin embargo, hoy no parece ser más que letra muerta y, en su lugar, el derroche –con un dejo de capricho–, es el que podría estar marcando el derrotero en materia de gasto en el mentado “gobierno del cambio”.
No de otra manera se explica la controversia por el “aguinaldo” que en pleno diciembre Petro le otorgó a los funcionarios de nivel asistencial, técnico, profesional y asesor (estos últimos únicamente los de carrera administrativa). A través de un decreto, se estipula que a estos servidores públicos –en septiembre de 2024–, les llegará un jugoso salario: además de su asignación normal, una “bonificación especial de compensación” por el 50 % de su sueldo. Además, antes de concluir este año recibirán otro 25 % adicional.
Si bien en 2021 el entonces presidente Iván Duque firmó un decreto que también daba vía libre a la “bonificación especial de compensación” del 50 %, únicamente esta se limitaba a la planta de personal del Ministerio de Trabajo y no consagraba una adición del 25 %. Lo que hizo Petro, a la luz de este decreto –el 2186, firmado el 18 de diciembre–, habría sido extenderla a todos los funcionarios públicos y, de ñapa, asegurarles otro 25 % pagadero antes de concluir el año.
El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, se refirió a la controversia y sin negar tajantemente que la bonificación se haya extendido a todos los funcionarios, aseguró que solo se está adicionado un 25 % y que hoy por hoy este beneficio creado por el gobierno Duque beneficia a 1.965 funcionarios del Ministerio de Trabajo. En esa línea, precisó que este año la bonificación del 50 % costó $4.363 millones y que el pago del 25 % adicional tendría un costo de $2.229 millones. Eso sí, no aclaró cuánto sería lo que costaría para el otro año la bonificación para todos los funcionarios públicos.
De hecho, en el propio decreto se argumenta que en el Plan de Desarrollo del gobierno Petro se determinó que se trabajaría por construir y adoptar una “política pública de trabajo digno y decente, con enfoque diferencial, que tendrá como dimensiones”, entre otras, “la promoción del empleo e ingresos dignos”.
Consultado por este diario, José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda en tiempos de Duque, aseguró que, aunque en el sector privado se utilizan bonificaciones de esa naturaleza a final de año, lo adecuado es precisar si el monto es adecuado o conveniente en momentos en los que la prioridad nacional es reducir el gasto público.
“La reforma tributaria prácticamente se desbarató en un 35 % como resultado de la inexequibilidad decretada por la Corte Constitucional de buena parte de las iniciativas del proyecto. Es urgente que en el plan financiero que se va a formular de aquí al cierre de diciembre se contemple una reducción significativa o congelamiento del gasto de inversión pública para poder compensar el menor ingreso que no se va a recibir”, explicó el actual rector de la Universidad EIA.
El exministro cuestionó que, en caso de que la bonificación se extienda para todos los funcionarios públicos, podría “valer una fortuna” de billones de pesos y sería necesaria una partida presupuestal. De allí que no se descarte que se pueda tratar de un error de redacción. De ser así, se sumaría a otra salida en falso para el Ejecutivo, como el pago de hasta ocho veces el salario de varios funcionarios del Gobierno y otras ramas del poder que ascendió a más de medio billón de pesos ($600.000 millones), de los cuales aún faltan por recuperar $60.000 millones.
Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda precisaron que únicamente la bonificación está pensada para los funcionarios del Ministerio de Trabajo, con todo y la ambigüedad en la redacción. En esa línea, precisaron que en las consideraciones del decreto se indica que abarca solo a la plata de esa entidad.
Aun cuando en el decreto que estableció el “plan de austeridad” se contemplaba un ahorro en materia de publicidad estatal –entre otras, en informes, folletos o textos institucionales–, la semana pasada desató controversia un contrato de la Presidencia que supera los $653 millones para imprimir y distribuir un periódico oficialista llamado “Vida”. En dicho periódico se difundirá información relacionada con la gestión del presidente Gustavo Petro y su gobierno.
Semanas atrás también hubo cuestionamientos tras conocerse que el descuento que autorizó el Ejecutivo en el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) podría generar un hueco de más de $850.000 millones. A ello se suma el subsidio que anunció el Gobierno para taxistas de cara a aliviar el incremento del precio de la gasolina y que mensualmente podría costar alrededor de $25.000 millones.
Inclusive, al ramillete podría sumarse el polémico decreto del Ministerio de la Igualdad que les pagará $1 millón a cerca de 100.000 jóvenes a cambio de “no matar”. El costo de dicho programa podría superar los $1,2 billones.
Esta serie de medidas, que no dejan de levantar ampolla y que siguen poniendo en duda el discurso de la austeridad del Gobierno, tienen un efecto directo en los bolsillos de los colombianos. Mientras el gasto estatal sube y el Ejecutivo distribuye a discreción los recursos, ya la OCDE alertó que el PIB del país en 2024 crecerá un tímido 1,4 % en 2024 –apenas 0,2 % frente a 2023– y que los altos niveles de inflación, tasas de interés e incertidumbre política “lastrarán la demanda interna”.
En veremos, plan de austeridad
A través del Decreto 444 de 2023, el Gobierno suscribió su plan de austeridad del gasto para 2023. Entre otras, se ponía un ‘tatequieto’ a la contratación de personal. Se imponían más condiciones para el reconocimiento de viáticos. Se establecía que los tiquetes en avión debían ser en clase económica y se fijaba un ahorro en publicidad estatal. También se prohibía la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades.
