Jhennifer Mojica, la saliente ministra de Agricultura, dejó firmada una resolución sobre la que ahora la Contraloría señala riesgos financieros y jurídicos. Se trata de un documento de diciembre de 2023 que pretende financiar viviendas de interés social rural.
Este 3 de julio se conoció que la Contraloría General de la República envió una advertencia hasta el MinAgricultura para que se revise y corrija lo que quedó escrito en la resolución 490 del 20 de diciembre de 2023. Advirtieron que, en caso de materializarse, ese documento podría generar “altas afectaciones al erario”.
La alerta fue enviada al ministerio, al Banco Agrario y a la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural. En ella, aseguran que podrían verse comprometidos hasta $50.653 millones del patrimonio público.
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Dice que la resolución destina subsidios, que ya fueron otorgados a algunos beneficiarios, que habían sido reconocidos por el Estado y a otros beneficiarios del programa de vivienda de interés social rural. Esto llevaría a una ralentización del Programa de Vivienda de Interés Social Rural a nivel nacional.
“Con la aplicación de la Resolución, que determinó conformar unidad de caja con los subsidios no materializados del Programa, se estaría haciendo uso de subsidios que pueden estar invertidos en viviendas en construcción, terminadas y no entregadas a los beneficiarios, o en viviendas que apenas van a iniciar la construcción, lo que impactaría la financiación de los proyectos de vivienda no identificados en la Resolución del Ministerio”, dijo la Contraloría General.
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Además, dice que el acto administrativo se expidió sin respaldo presupuestal previo y no determina la unidad de caja con recursos de diferentes fuentes y destinación específica. Dicha unidad de caja tampoco está contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Petro, lo que también configura un riesgo jurídico.
Otro de los riesgos financieros de la resolución está en que determina realizar desembolsos por $54.652 millones por concepto de reconocimiento de subsidios de vivienda al valor presente, sin considerar las circunstancias particulares de cada beneficiario.
El ente de control añadió que esos recursos que promete la resolución no están disponibles, ya que solo cuenta con $10.000 millones del Presupuesto General de la Nación.
