Mujeres víctimas de la supuesta red de trata de personas en el Parlamento habrían firmado contratos por menos de dos meses, justo uno de los patrones que advirtió el exsenador Gustavo Bolívar al detallar la presunta red de esclavitud sexual.
En la letra menuda de más de 800 contratos por prestación de servicios suscritos a lo largo de 2022 entre el Senado y personas naturales podrían estar más indicios de la supuesta red de trata de personas y acoso sexual que habría funcionado en el Congreso de la República.
Así lo advirtió el columnista y excandidato a la alcaldía de Bogotá (2011) Aurelio Suárez, quien instó a la Fiscalía a indagar por la contratación de la corporación durante el año pasado. Lo anterior, al revisar que, entre otras supuestas irregularidades, la duración de la mayoría de esos contratos no era superior a dos meses y que su objeto contractual era difuso o muy general.
Justamente, estas son algunas de las características que esbozó a principios de año el exsenador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) al detallar la forma en las que algunas mujeres estarían siendo sometidas en el Capitolio. “Para poderlas esclavizar sexualmente les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos. Las mantienen así, con contraticos chiquitos”, le dijo Semana.
Frente a ello, Suárez pidió explicaciones por parte de la actual directora Administrativa del Senado, Astrid Salamanca Rahin, y del propio presidente de la Corporación, Roy Barreras. “El senador construyó una ‘aplanadora’ con 800 contratos por prestación para aprobar la tributaria y otros proyectos. Y Salamanca tiene que dar la cara para explicar cada uno de esos contratos y demostrar si están vinculados o no con las denuncias”, manifestó Suárez.
El llamado del analista coincidió con el revuelo generado por la columnista Ana Bejarano quien, en Cambio, narró cómo en su papel de asesora del Ministerio de Justicia en 2014 pudo conocer relatos de mujeres víctimas de un esquema de “esclavización sexual” en el Congreso. En particular, Bejarano se refirió a una mujer que hacía parte del equipo de un “influyente congresista” que hoy es un “altísimo funcionario del Estado” que la sometió a practicarle sexo oral a cambio de “encargos sustanciales”.
En su relato, Bejarano citó a Barreras y cuestionó su actitud al conocer las denuncias y solicitar a la Fiscalía determinar “si existió” tal esquema: “senador Barreras, por favor no actúe sorprendido. Usted sabe lo que ocurre allá, no hace falta pasar más de una tarde para comprobarlo”.
Este diario contactó a la directora Administrativa del Senado a la espera de una respuesta, pero al cierre de esta edición no contestó. Por su parte, desde la oficina de prensa del senador Barreras señalaron que este no se iba a referir al tema y, en su lugar, divulgaron un video en el que el congresista –acompañado del representante David Racero, presidente de la Cámara– anuncia que el Congreso está trabajando en un protocolo de prevención, seguimiento y sanción de casos de acoso sexual.
Previamente, Barreras negó los señalamientos de Suárez y aclaró que la Presidencia del Senado, en el plano contractual, no tiene relación con la Dirección Administrativa, “que cuenta con separada estructura y autonomía”.
Las denuncias hoy están bajo la lupa no solo de la Fiscalía, sino de Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Comisión de Ética del Senado. Serán estas entidades las llamadas a dar claridades en un caso que no deja de estremecer a la opinión pública y cuyas aristas crecen con el pasar de los días.
