Ana María Vesga, presidente de Acemi, le presentó a la Contraloría General de la República los reparos de las EPS a un informe preliminar que las señala de desviar hasta 9,2 billones de pesos de recursos públicos. Cifras imprecisas y errores metodológicos son solo algunas de las falencias que encontraron las EPS.
En la tarde de este jueves, como lo anticipó EL COLOMBIANO, las EPS –representadas por Acemi– se sentaron durante varias horas a discutir el informe y las aparentes imprecisiones que cometió el órgano de control al presentar información que, hasta ahora, sigue siendo preliminar.
“Tuvimos oportunidad de expresarle nuestras preocupaciones por el informe que se reveló y le erradicamos una comunicación con el detalle de esas diferencias que tenemos esencialmente en la forma como se ha presentado el informe”, expresó Vesga en declaración a medios.
Una de las posibles imprecisiones fue el uso de un plan único de cuentas –que nunca entró en vigencia– para iniciar su actuación fiscal. De acuerdo con Acemi, al momento de realizar el monitoreo de los recursos públicos, la Contraloría leyó las cifras basadas en un proyecto de resolución que la Superintendencia Nacional de Salud publicó en 2016 pero que nunca entró en vigencia.
“La Contraloría omitió el uso del catálogo de cuentas vigente y en ningún momento advirtió a las EPS sobre la versión del plan único de cuentas que estaba siguiendo en su ejercicio de actuación especial”, señaló Acemi.
Las EPS, entonces, ingresaron la información de acuerdo con el plan de cuentas que sí está vigente y que se usa de manera común con la SuperSalud.
La magnitud de la información que recabó el órgano de control –durante solo dos meses de investigación– indica que 18 EPS habrían desviado hasta 9,2 billones de pesos, entre 2020 y 2021, de los giros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC): el dinero que el Estado, a través de la Adres, gira por cada afiliado.
Sin embargo, advirtió Acemi, el informe fue presentado sin que la EPS pudieran contradecir o defenderse de ante las cifras presentadas por la Contraloría.
La agremiación advirtió, además, que los valores que la contraloría usó en su presentación no coinciden con las cifras que, previamente, el órgano de control había enviado a las EPS para que pudieran ejercer su derecho a la contravención y defensa.
“En una muestra de cinco EPS (Salud Total, SOS, Sura, Aliansalud y Coosalud) se aprecian notables diferencias. En sana lógica, tanto los conceptos, como los valores de los posibles hallazgos con incidencia fiscal, deberían coincidir entre uno y otro documento. Así por ejemplo en la presentación de PowerPoint Sura aparece con un consolidado de $691 mil millones, mientras que al hacer las cuentas del requerimiento dicha cifra es de 305 mil millones”, añadió Acemi.
El aparente hallazgo que alcanzó a publicar la Contraloría indica que las 18 EPS habrían destinado recursos a actividades, bienes y servicios distintos a la prestación de servicios de salud.
“Duplicados de carnés, cuentas por pagar a accionistas, gastos extraordinarios, multas y sanciones y cancelación de créditos”, son algunos de los aparentes gastos irregulares que la Contraloría le señala a las EPS durante las vigencias 2020 y 2021.
Ocurre que en la Resolución 2809 del 2022, el Ministerio de Salud ratificó los porcentajes que las EPS pueden destinar de la UPC para gastos administrativos: el 10% en el régimen contributivo y el 8% en el subsidiado.
“Como ellos refieren, ciertos conceptos que parecería tienen otra nominación en el informe, para la Contraloría aparecen como un gasto no asociado a la salud y que no se podría haber hecho con recursos de la UPC”, pero que “para nosotros está plenamente demostrado que son gastos que se utilizan en el marco de la atención de la población”, manifestó Ana María Vesga.
El contrainforme de las EPS se extiende por 24 puntos. Se espera que ACEMI y la Contraloría tengan otras reuniones para discutir el análisis de reservas de cartera.
Lea aquí el documento de Acemi.
