Tras confirmarse el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia sobre la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz, su defensa alegó que se cometieron una serie de “abusos” que están relacionados con la velocidad con la que se hicieron los trámites.
Tras la noticia revelada por EL COLOMBIANO, el abogado de Álvaro Córdoba, Antonio Guette, habló con este diario para insistir en que el equipo de defensa no ha sido notificado de la decisión de la Corte y alegar una serie de presuntas inconsistencias en el proceso.
Córdoba Ruiz, quien es hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, fue pedido en extradición por la Corte Distrital del Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Allí se le señala por los delitos de narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego. Pese a ello, la Corte Suprema solo avaló la extradición por el primer delito.
Según el jurista, los tiempos en que se aprobó la extradición del hermano de Piedad Córdoba solo se habían visto con el recién extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien era jefe del Clan del Golfo y fue catalogado como el narcotraficante más importante del país.
“Es importante señalar, a modo de contexto, que la velocidad con la que se llevó a cabo todo el trámite legal solo se había visto con Otoniel. Ambos procesos se dieron en 7 meses, un tiempo récord para este tipo de trámites”, dijo Guette.
Según el abogado, mientras que el caso de Álvaro Córdoba ya pasó por las cuatro fases del procedimiento penal en estos siete meses, a los otros dos capturados no se les ha ordenado la práctica de pruebas.
Sobre esas otras dos personas que menciona el jurista, se sabe que son Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena, quienes fueron capturados junto a Álvaro Córdoba por, supuestamente, haberse aliado con las disidencias de Gentil Duarte para traficar cocaína hacia los Estados Unidos.
Tras cuestionar la rapidez con la que avanzó el proceso, el abogado aseguró que “el Presidente de la República (Gustavo Petro) deberá hacer una revisión y un condicionamiento total por los abusos que se cometieron”.
Por ahora, la decisión de enviarlo a Nueva York quedó en manos del Jefe de Estado pues, tras la luz verde de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde al ejecutivo firmar su orden de salida.
