En una declaración conjunta, 14 países miembros la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su rechazo a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, señalándolo de “carecer de legitimidad”.
En la lista de los firmantes no está Colombia, cuyo persiste en darle oxígeno político a la dictadura venezolana, gracias a las simpatías de izquierda entre el presidente Gustavo Petro y Maduro.
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Inicialmente, expresaron su preocupación “por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela, y las persistentes violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos, así como por los recientes hechos ocurridos el 9 y 10 de enero de 2025”.
Razón por la cual “rechazamos el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025, por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral”, aseguraron.
Los países firmantes instaron “a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela”.
En el pronunciamiento exigen al régimen de Maduro que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
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Agregan en su exigencia al régimen venezolano el respeto al derecho internacional humanitario y “liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, nacionales y extranjeras, incluidos los presos políticos, garantizando el pleno respeto de sus derechos fundamentales”.
Asimismo, los países firmantes expresan su solidaridad con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país y reconocen los extraordinarios esfuerzos de los países vecinos (como Colombia) que han recibido a millones a migrantes y refugiados venezolanos.
Los países de la OEA que rechazaron la posesión de Nicolás Maduro
La carta fechada en Washington esta firmada por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Domicana y Uruguay.
Este pronunciamiento va en la misma línea a un informe presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que concluyó que la elección de Nicolás Maduro no goza de “legitimidad democrática”, al denunciar las acciones irregulares que hizo el régimen con el propósito de perpetuarse en el poder.
Esa fue la principal conclusión a la que llegó este órgano internacional al presentar su balance sobre las violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral en Venezuela.
“Concluye que las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional”, reveló el informe, y agregó que la “opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos registradas” impiden una legalidad democrática.
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El informe de la CIDH analizó a Venezuela en el marco de las elecciones en tres etapas: la estrategia represiva del régimen para impedir la participación política de la oposición; obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente; y sembrar terror en la ciudadanía.
Señaló que “el Estado obstaculizó la participación política de la oposición, utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, sumado a la detención arbitraria de personas opositoras.
“La oposición recolectó el 83,5% de las actas a nivel nacional. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección”, concluyeron.
Estas violaciones a los derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado “son consecuencia de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo; de la corrupción y el control de los poderes públicos que han permitido que el régimen actúe con total impunidad”, advirtió el informe de la CIDH.
En contraposición, Gustavo Petro ha justificado la situación en Venezuela culpando al bloqueo económico promovido por Estados Unidos, y poco ha dicho sobre los crímenes del régimen oficialista.
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