Con esposas, fuertemente escoltado y metido en una tanqueta blindada, así terminó la persecución contra el otrora alcalde bellanita y excongresista Óscar Suárez Mira, quien llevaba cinco años evadiendo la justicia.

Un equipo de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía lo capturó en la tarde del 13 de agosto, en una urbanización del sector La Cola del Zorro, en El Poblado, suroriente de Medellín, para que responda por una condena de seis años y cuatro meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El político Óscar Suárez Mira fue detenido en un apartamento de El Poblado, en Medellín. Foto cortesía de la Policía.

El expediente, adelantado por la Corte Suprema de Justicia (Proceso N° 27267) comenzó en el año 2009, en el marco de las investigaciones por la “parapolítica”, es decir, los nexos criminales entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los partidos políticos colombianos.

Varios desmovilizados atestiguaron que Suárez Mira recibió apoyo de las facciones paramilitares en el Valle de Aburrá y la subregión de Urabá, que presionaron a la población para obtener votos, que finalmente sirvieron para que el abogado antioqueño lograra curules para la Cámara de Representantes en 2002 y el Senado en 2006.

Óscar Suárez Mira nació en Bello, Antioquia, donde luego fue alcalde. Foto de archivo.

Ese constreñimiento a los electores llegó por parte del bloque Élmer Cárdenas, que lideró Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), y de la banda “Pachelly” de Bello.

En 2011 fue detenido y el 24 de julio de 2013 el alto tribunal lo condenó a nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado; sin embargo, el exalcalde de Bello apenas estuvo preso tres años y 11 meses. En noviembre de 2014, un juez de ejecución de penas y medidas le concedió la libertad condicional, valorando su buen comportamiento en la cárcel de Yarumito.

DINERO SUCIO
En el fallo de la primera sentencia, la Corte ordenó compulsar copias para abrir otro expediente en contra de Suárez, esta vez por el cargo de enriquecimiento ilícito, por haber recibido presuntamente dineros de las Auc y de la organización criminal “la Oficina”.

Dentro de los testimonios reunidos, estuvo el de Juan Carlos “el Tuso” Sierra, uno de los principales financiadores de las Auc. Señaló que Suárez Mira tenía una estrecha relación con Daniel Mejía Ángel (“Danielito”), comandante del bloque Héroes de Granada y de “la Oficina”.

“El aporte a Óscar Suárez fue a través de Daniel, en efectivo”, afirmó, aduciendo que el dinero, entre $200 y $300 millones, se camufló como parte de proyectos productivos en La Ceja, de 2002 en adelante.

Otro declarante fue John Jairo Ortega, un testigo protegido de la Fiscalía, quien afirmó que ese mismo año hubo una reunión en la cárcel de San Quintín, en Bello, donde varios jefes paramilitares le entregaron $20 millones al político.

Durante las audiencias, el procesado siempre negó dichas reuniones.

Esta nueva línea del caso produjo una decisión el 12 de noviembre de 2015: la Corte dictó una medida de aseguramiento; no obstante, Suárez Mira escapó antes de ser arrestado de nuevo.

En la clandestinidad, les dijo a sus abogados que era inocente y además víctima de una persecución política. Justificó su ausencia de los estrados aseverando que no tenía garantías procesales. En redes sociales, sus seguidores le expresaron respaldo con la etiqueta #SuárezYoTeCreo.

El proceso penal continuó, con él en calidad de prófugo, y el 3 de agosto de 2020 el alto tribunal informó que lo halló culpable otra vez, ahora por el citado enriquecimiento ilícito.

Esta sentencia reactivó la cacería de las autoridades, que lograron arrestarlo el 13 de agosto, allanando su apartamento en El Poblado. El condenado, que se encontraba en compañía de dos hombres y una mujer, no opuso resistencia.

“Desde hace un año se venía realizando inteligencia policial y seguimientos, con el fin de esclarecer qué movimientos hacía y cuáles eran sus relaciones con otras personas en el Valle de Aburrá”, expresó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

El ciudadano de 61 años fue internado en el calabozo de la URI Sur de la Fiscalía, en Envigado, a la espera de que el Inpec decida su lugar de reclusión. Según el oficial, la Corte habría solicitado que lo trasladen a un establecimiento carcelario de Bogotá.

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El Inspector.